Por Miguel Tirado Rasso
Los datos son escalofriantes. La inseguridad en nuestro país constituye uno de los temas que más preocupan a la población y que, según ha reconocido el gobierno actual, constituye una asignatura pendiente entre sus prioridades. Lo que planteó enfrentar, combatir y dar resultados en seis meses, resultó más grave y complicado de lo previsto, por lo que ha propuesto una prórroga de un año más, para ofrecer resultados, en diciembre de este año.
Sin duda, la violencia que padecemos, no es una novedad que haya surgido con esta administración. Está claro que es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo con el paso de los años, ante la incapacidad e ineficacia de gobiernos pasados para combatirla. La inexistencia de un programa nacional de seguridad transexenal, los cambios de estrategias, la desaparición de instituciones, la creación de nuevas instancias, la falta de continuidad en los planes para el combate a la delincuencia, y, por supuesto, la corrupción, han constituido un ambiente favorecedor para el desarrollo de la violencia en México.
En los últimos cinco años, el incremento en homicidios dolosos fue del 94.3 por ciento, en términos absolutos. Mientras que en 2015 se registraron 18,321 homicidios dolosos y feminicidios, en 2019, el año más violento del que se tenga registro, el saldo de víctimas de estos delitos ascendió a 35,588, de los cuales 1,006 correspondieron a crímenes tipificados como feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Un promedio de 97.5 personas asesinadas todos los días. Un lustro de terrible violencia, con un incremento anual consecutivo de homicidios que arrojaron un total de 141,378 víctimas.
De acuerdo a las estadísticas, en México, 89 por ciento de los homicidios quedan impunes. En una realidad que, en los últimos cinco años, registró 3 mil 621 feminicidios en todo el país, únicamente 398 feminicidas habrían sido castigados. El 11 por ciento de los responsables de estos crímenes, en el mejor de los casos. De acuerdo a datos del INEGI, cada día mueren 10 mujeres por agresiones intencionales; 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y 44 por ciento ha enfrentado agresiones en su relación sentimental más reciente.
Estos datos son los detonadores de la ira, el enojo y la irritación que están detrás del movimiento de protesta promovido por el colectivo de mujeres veracruzanas, Brujas del mar, bajo el lema “Un día sin nosotras”, por la impotencia e indefensión en que se encuentran las mujeres frente a una violencia que no se logra atajar. Buscarle otras razones o considerar esta protesta como una agresión o algo más en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es no entender y, peor todavía, no reconocer la gravedad de la violencia que vive el país y, particularmente, que padecen las mujeres.
Al primer mandatario, no le convence el movimiento, y lo descalifica por considerar que en la iniciativa feminista hay mano negra. Que atrás están la derecha, los partidos políticos, los conservadores. Sus opositores en general. Lo cierto es que la gravedad de la inseguridad no se puede ocultar. La violencia se ha salido de control y está ya en riesgo la estabilidad social, si no se toman medidas urgentes. Esto va más allá de cualquier ideología, de las diferencias políticas, de derechas o de izquierdas; porque la violencia impacta a todos los estratos sociales, a la población urbana y a la rural y tampoco respeta edades ni grados académicos. Todos estamos expuestos.
Llaman la atención las lecturas que han hecho de esta movilización, algunos personajes de la 4T, como la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, que ve en esto una “estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses” o la de la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, quien de plano no se midió en su afán de quedar bien con su jefe, al acusar a la derecha de “dividir al movimiento de mujeres y feminista, pues les interesa más golpear al presidente López Obrador, que unir fuerzas por los derechos de las mujeres,” afirmó.
Algunas funcionarias, sin embargo, han optado por la discreción, ante el riesgo de contradecir a su jefe, pero otras, sí han expresado abiertamente su apoyo al paro de la consigna “el 9 ninguna se mueve”, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien no tuvo empacho en reconocer que las políticas públicas “no han tenido articulación, en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema.”
Y es que, por la nobleza de la causa, conforme se acerca la fecha del paro, crece el número de personas, organismos, agrupaciones e instituciones que se han sumado. La percepción es que este paro puede convertirse en la mayor manifestación social que recordemos, por lo que la autoridad debe hacer a un lado su sospechosismo, no ver moros con tranchete, ser sensible y no dejar de escuchar las demandas del “otro” pueblo bueno y sabio.
Febrero 27 de 2020
