Por Miguel Tirado Rasso
Al menos, el arranque del proceso para la elección de los 4 nuevos consejeros con los que se renovará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo mes de abril, comenzó con el pie derecho con el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, que permitió la aprobación unánime, por 443 votos, de la convocatoria correspondiente para este proceso.
El comentario viene al caso, por el ambiente enrarecido que ha prevalecido en torno a la elección de los nuevos consejeros, por algunas señales que se perciben como amenaza a la autonomía e independencia política de la autoridad encargada de organizar los procesos electorales en nuestro país y, ante una mayoría parlamentaria de Morena, siempre riesgosa cuando la convicción del respeto al juego democrático no es, precisamente, su principio rector.
Como ya se ha informado, el 3 de abril concluyen sus funciones cuatro de los 11 integrantes el Consejo General del INE (Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Pamela San Martín y Benito Nacif), por lo que la Cámara de Diputados elegirá a sus relevos que desempeñarán el cargo por nueve años, hasta el 2029. A estos consejeros les corresponderá participar en la delicada tarea de organizar los procesos electorales federales de 2021, 2024 y 2027.
De acuerdo con la convocatoria publicada, un Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas, tres nombradas por la Junta de Coordinación Política de los diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), será el responsable de calificar la idoneidad de los aspirantes y de conformar cuatro listas de cinco candidatos cada una, para seleccionar a los nuevos consejeros.
Según este documento los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento; con título profesional de nivel licenciatura, además de “contar con los conocimientos y experiencia que les permita el desempeño de sus funciones”; no haber sido registrados como candidatos ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular o de dirección nacional o estatal en algún partido político, en todos los casos, en los últimos cuatro años anteriores a la designación, entre otros requisitos.
Para el 24 de marzo, el Comité deberá entregar las cuatro listas de cinco candidatos a la Junta de Coordinación Política para seleccionar un nombre de cada quinteta y, en su caso, proponer al pleno los nombramientos. Los consejeros deberán ser electos por votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, el 31 de marzo.
En caso de no alcanzar la mayoría calificada, la Mesa Directiva convocará a sesión del Pleno el primero de abril, en la que se realizará la elección por insaculación. Si no se lleva a cabo la insaculación, se remitirán de inmediato al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las listas conformadas por el Comité de Evaluación, para que, el dos de abril, el Pleno de la máxima autoridad judicial proceda a la designación de los consejeros mediante insaculación. Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, al menos dos de las cuatro listas, estarán integradas únicamente por mujeres.
A partir de cómo se resuelva la elección de los nuevos consejeros, se podrá tener claridad hasta dónde llega la ambición política de Morena y cuál es el concepto que tienen de la democracia en la 4T. El INE, que no acaba de gustarle a algunos, con todo y las fallas que pudieran reprochársele, ha tenido una evolución positiva hasta lograr elecciones confiables y transparentes, con piso parejo y alternancias, antes inconcebibles.
Con una sana distancia del gobierno, la autoridad electoral ha desempeñado su función con autonomía y dignidad. En cuatro lustros, el fortalecimiento democrático en nuestro país hizo posible la alternancia en el poder político por la vía electoral de manera pacífica, con estabilidad social y sin mayores incidentes. En esto, el INE y su antecesor, el IFE, en su calidad de árbitro han tenido un valioso y destacado papel. Se dice fácil, pero los últimos 14 años hemos estado gobernados por tres fuerzas políticas diferentes: PAN, PRI y Morena, sin alteraciones políticas. La pretensión es que no perdamos los avances democráticos logrados ni la paz social.
La incorporación de cuatro nuevos consejeros debe verse como una oportunidad para fortalecer la autonomía del Instituto, muy necesaria ante el compromiso que significa, en el próximo año, la organización del mayor proceso electoral de nuestra historia política. En 2021, además de la renovación de la Cámara de Diputados federal (500 legisladores), se elegirán 15 gobernadores, además, habrá elecciones para ayuntamientos y diputados locales en prácticamente todo el país.
Ahora más que nunca se requieren árbitros imparciales, ciudadanos responsables y honestos, sin compromisos políticos ni ligas con el poder. Porque la tentación de controlar al árbitro electoral, no deja de flotar en el ambiente. Porfirio Muñoz Ledo, otrora cuadro de lujo de Morena, convertido en hijo desobediente, ha alertado sobre la pretensión de algunos morenistas, “lambiscones” los llama él, de “entregarle al gobierno como un trofeo la sujeción del INE”, algo que califica como un error histórico.
Un gran error, sin duda, que significaría una regresión democrática, un retroceso de varias décadas en materia de transparencia y confiabilidad de los procesos electorales, con riesgos para la estabilidad y desarrollo del país.
Febrero 20 de 2020
