Ante las declaraciones del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Sntinfonavit), Rafael Riva Palacio, de que los 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente entregó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) son de los derechohabientes, la Institución a cargo de Carlos Martínez Velázquez afirmó que lo anterior “no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial».
La semana pasada, trascendió que dichos recursos corresponderían a un monto total de 5 mil millones entregados en la administración pasada a la empresa Telra Realty, por un proyecto que no se consolidó. Sin embargo, el Infonavit destacó que no ha sido confirmado oficialmente y no tiene ninguna validez jurídica.
Indicó que lo único oficial sobre el dinero que se recuperó como resultado del combate a la corrupción es lo que declaró por el fiscal Alejandro Gertz Manero el pasado 10 de febrero en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, el titular de la FGR no identificó a qué casos corresponde lo decomisado, porque las investigaciones continúan, pero detalló que se logró gracias a una denuncia que inició la Consejería Jurídica del gobierno federal.
El Infonavit recordó que con el fin de esclarecer cualquier presunto delito asociado con Telra Realty, en 2018 presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, por la comisión de posibles delitos relacionados con la celebración de contratos. “La administración ha estado dando seguimiento a dicha carpeta de investigación, la cual sigue su curso y su contenido es de naturaleza reservada en términos de la ley”, agregó. Indicó que adicionalmente la Contraloría del Instituto abrió una investigación en septiembre pasado.
El instituto celebró el combate a la corrupción que se está realizando desde el gobierno en coordinación con la FGR e indicó que comparten “que haya cero tolerancia” a ésta. Expuso que como medidas para hacer frente a la corrupción cambiaron la política de compras para promover licitaciones y reducir el margen de la discrecionalidad; realizaron una auditoría interna sobre los llamados juicios masivos y están auditando a 18 despachos involucrados en ellos. También, agregó, suspendieron las subastas de viviendas adjuidicadas.
