Este lunes entró en vigor el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el gobierno de México, “herramienta indispensable que busca erradicar esas lacerantes conductas en la Administración Pública Federal (APF)”.
En un comunicado conjunto, las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Gobernación (SG) dieron a conocer que con este protocolo, por primera vez los Órganos Internos de Control (OIC), que dependen de la primera, tendrán una herramienta efectiva para investigar casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades federales.
El objetivo es prevenir, atender y sancionar con eficacia la violencia sexual dentro de las instituciones de gobierno y con ello fomentar climas laborales respetuosos y libres de discriminación y violencia.
De acuerdo con las dependencias, el protocolo se basa en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, y fue publicado por la SFP, la SG y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero. El documento “establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del gobierno federal”.
De acuerdo con datos de la SFP, en 2019 fueron 84 las dependencias del gobierno federal que abrieron investigaciones por presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual, que habrían afectado a 365 mujeres empleadas en la APF.
Al respecto, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resaltó la relevancia del nuevo protocolo como herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones y que, “con un verdadero compromiso, serán atendidas con efectividad por los OIC, a los que ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”.
Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la APF, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.
A través de esta nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas cuando sean víctimas de hostigamiento u acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal, o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.
Para ello, se informó en el comunicado, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes denuncian para evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.
Así, se fortalecen las funciones y el perfil de las personas consejeras y se definen acciones concretas para los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses y los OIC, lo que antes estaba ausente.
El protocolo de actuación, explicó Sandoval Ballesteros, obliga a verificar las quejas y denuncias y examinar la relación entre denunciante y persona denunciada, para identificar asimetrías de poder. Así, se establecen principios como el de exhaustividad, para asegurar a los OIC y personal encargado un papel activo, objetivo e imparcial en la obtención de evidencia.
De acuerdo con el protocolo, cada dependencia y entidad de la APF deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual para facilitar el seguimiento e identificación de patrones y, de esa manera, implementar acciones que los inhiban y erradiquen, esto con el fin de acabar con la impunidad.
Entre las acciones está la creación del sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx, en donde el personal del servicio público y la ciudadanía se podrán informar y capacitarse para sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual.
Para las dependencias que suscriben el comunicado, el nuevo protocolo “constituye un cambio de fondo, porque no sólo prohíbe la violencia sexual, sino que incluye medios efectivos, a cargo de los OIC, para combatirla y castigarla en las dependencias y entes públicos federales, al definir claramente los conceptos de las conductas y permite a las víctimas decidir qué instancia llevará su caso”.
