Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Las elecciones presidenciales de 2006, como es de sobra conocido, fueron ganadas por un puñado de votos que apenas superó los 50 mil, por el panista Felipe Calderón. Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador desde entonces se han quejado de fraude para robarle el triunfo.
Unos días previos, esto es el 26 de junio, el entonces diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el priista José Medel, presentó una denuncia ante lo que era la Procuraduría General de la República, en contra del Gobierno del Distrito Federal, debido a que durante la gestión de López Obrador no se habían entregado al ISSSTE 1,260 millones de pesos de aportaciones de 18 mil 546 trabajadores eventuales, los que habían sido dados de alta al final de la gestión de Rosario Robles.
Quien ya para entonces había “solicitado licencia” -presionado por una revuelta de secretarios generales seccionales que en octubre de 2003 lo huevearon y exhibieron arriba de un camión de redilas- a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), hizo entrega de una caja con copias de recibos de salarios de los trabajadores.
La denuncia penal por peculado y fraude, tuvo como intención golpear en los índices de popularidad de quien durante meses había lidereado las expectativas de triunfo. Desde el ISSSTE fue alentada la denuncia, toda vez que Medel mantenía cercanía con Benjamín González Roaro, quien para entonces era candidato del PAN a diputado federal plurinominal -con el dueño de la empresa de seguridad de las instalaciones del instituto de esa época, tiene un parentesco político-.
Con prominentes panistas, mantenía una cercana relación, incluida Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Calderón.
Eran los tiempos en los que Medel un día se decía priista, al siguiente día era panista y más tarde coqueteaba con el PRD.
Poco más de dos años antes, siendo aún dirigente del SUTGDF, acompañó al grupo de Elba Esther Gordillo en la organización de lo que sería la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), de la que no formó parte de la dirigencia colegiada debido a la crisis generada por la revuelta de secretarios generales seccionales que enfrentaba.
Antes de solicitar licencia a la presidencia del SUTGDF, en febrero de 2004, con el argumento de atender su trabajo como diputado local, en octubre anterior en un congreso sindical realizado en Acapulco, impulsó la destitución de Aarón Ortega Villa de la secretaría de organización, y de Ricardo Anguiano Ortiz, de la secretaría de control y asignación de plazas -también fue destituido Miguel Ángel Bautista Patlán de la secretaría de procesos electorales, entre otros-.
Maximiliano García Arteaga, secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes” del SUTGDF fue uno de los que apoyaron la salida de Medel de la dirigencia sindical. A esa demanda se sumaron varios, incluidos Ortega Villa y Anguiano Ortiz.
La salida de Medel de la presidencia del SUTGDF empezó a gestarse desde que convocara a una concentración en el Zócalo, y se fortaleció tras los cuatro días de marchas -19, 20, 21 y 22 de mayo de 2003-, previo a las elecciones intermedias de ese año, cuando los índices de popularidad del entonces jefe de gobierno de la ciudad rondaban hasta el 80 por ciento.
La denuncia penal presentada por Ana María Pérez, secretaria general de la sección 12 “Servicios médicos”, en el sentido que el presidente sindical había malversado fondos de los trabajadores en la compra de un equipo de fútbol, agudizó la crisis, lo que finalmente lo llevó a solicitar licencia para dedicarse a sus actividades legislativas.
Durante los primeros meses del gobierno de Calderón, logró el registro de un fantasmagórico Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Distrito Federal que afilió a la FEDESSP.
Ahora el ex dirigente sindical funge como una especie de ministro del oído de la subsecretaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Berta Gómez Castro y del director general de administración de personal, Sergio Antonio López Montesinos -¿a cuánto ascendió el monto de ropa y zapatos de trabajadores que a empresas cercanas a él le asignaron en diciembre?- en materia sindical.
Seguramente querrá olvidar calificativos como “provocadores profesionales”, “intransigentes”, “necios” que les endilgaba a los funcionarios del gobierno obradorista en los días de las marchas a las que convocó, o su afirmación de “Andrés Manuel López Obrador debe clarificar cuánto y de quién era el dinero con el que se financiaba la toma de pozos petroleros”.
En diciembre pasado, a través de redes sociales anunció que el “candidato de unidad” sería José Edel López Paz -quien no aceptó para apoyar a Hugo Alonso-, y entonces con el inexistente Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías se sumó a Armando Bautista Ramírez, quien fue barrido en las elecciones del 9 de enero.
PARA LA AGENDA
El desaseo jurídico que de la elección del 9 de enero para elegir presidente del SUTGCDMX -ganada de manera contundente por Hugo Alfredo Alonso Ortiz- hizo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que preside el chiapaneco Plácido Humberto Morales, empieza a ser achacado a Rufino León Tovar, Procurador de la Defensa de los Trabajadores del Estado, por la estrecha relación que mantiene con Medel, de quien se dice convenció a la subsecretaria de finanzas del gobierno de la ciudad, a intervenir, a través de la Dirección de Administración de Personal en apoyo de la frustrada candidatura de Armando Bautista y luego desconociendo el triunfo de Alonso Ortiz…
