Durante 2018, los mayores estados recaudadores de impuesto predial fueron Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.57 y 0.47 por ciento , de su propio Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente.
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, (CIEP), si el resto de los estados recolectaran estos porcentajes de su Producto Interno Bruto (PIB), su recaudación estatal media aumentaría de 2.7 a 3.3 veces.
El estudio realizado por Christopher Cernichiaro Reyna explicó que algunas de las medidas que se han implementado en las entidades federativas para aumentar los ingresos por impuesto predial han sido el Programa de Modernización y Actualización del Catastro de Ciudad de México, mediante la aplicación de tecnología y visitas a inmuebles.
En el caso de Quintana Roo, se han aplicado estímulos fiscales para incentivar el pago de los contribuyentes, como descuentos de hasta 50 por ciento si el monto se cubre en una sola exhibición o si se paga en los primeros meses del año fiscal, así como condonación de deudas de años previos si se paga el monto del año fiscal actual.
Pese aestas ventajas, la recaudación de predial en México es apenas 0.2 por ciento del PIB, mientras que la media internacional es 2 por ciento. La recolección de predial mexicana también es inferior a la de países de ingreso similar como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, con 3, 2, 1.5 y 0.7 por ciento, respectivamente.
El estudio destaca que la coordinación entre estado y municipios es compleja. Por ejemplo, Querétaro y Quintana Roo, dos de los casos exitosos se componen de 18 y 10 municipios respectivamente, en contraste con estados como Tlaxcala, que tiene 60 municipios, o Oaxaca que tiene 570.
Subrayó la importancia de instrumentar políticas que estimulen el cobro de predial que radica en aumentar los ingresos y la capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades de su población.
Entre las políticas destacan la actualización de catastros mediante herramientas tecnológicas, las legislaciones que coordinan actividades entre estados y municipios, así como incentivos fiscales.
