*Del Viejo Debate que ya Había Culminado, Pero…
*Extrañeza Ante la Postura de la Actual Administración
*El Paquete de Reformas Retrógradas y de Corte Fascista
Por Alejandro Zapata Perogordo
Se conmemora el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumento fundacional que, si bien ha tenido múltiples modificaciones, continúa siendo un símbolo importante de la vida nacional. Durante las últimas tres décadas sus reformas prácticamente se han realizado a través de grandes consensos y apoyo social, desterrando de su texto su contenido positivista para adoptar la filosofía pro-persona en el reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Así se puede afirmar que a partir de esa incorporación en el texto constitucional el cambio es profundo y constituye un parteaguas del entramado jurídico de México, a la par de proteger, preservar, garantizar y ampliar los derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional.
Con lo anterior culminó un viejo y añejo debate que rompió con las resistencias conservadoras acuñadas en el viejo sistema, la izquierda progresista y el humanismo político coincidieron e impulsaron decididamente implantar en el texto del pacto social una ideología universal basada en los derechos humanos y su reconocimiento.
Ante tal hecho histórico, causa extrañeza la postura de la actual administración autodenominada de izquierda, en su intento de regresar al pasado al pretender presentar un paquete de reformas constitucionales completamente retrógradas y de corte fascista.
El asunto fue ventilado en una reunión que sostuvieron la ex Ministra de la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación y el flamante titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con el Presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta el senador Ricardo Monreal, a mediados del mes de enero.
Al salir a la luz el contenido de las iniciativas, las reacciones han sido duras, el Fiscal General prefirió tomar distancia, el Senador Monreal, cauteloso al advertir que no pasarían ni en su propia bancada anuncio consultas y, los académicos especialistas del tema las hicieron pedazos.
La Constitución es un instrumento encaminado a otorgar estabilidad; limitar el poder y; proteger las libertades. De ahí se desprende todo un sistema de ingeniería institucional en aras de dotar equilibrios democráticos en la vida nacional y, en un importante apartado la protección de garantías procesales mediante las bases del sistema penal acusatorio adversarial.
Pues bien, la pretensión de echar abajo la presunción de inocencia, el debido proceso, la obtención licita de pruebas, el abuso de prisión preventiva, etc., para sostener y fortalecer la figura del arraigo, desaparecer las fiscalías especiales, dar valor a pruebas de dudosa procedencia, entre muchas propuestas por el estilo, es simplemente dar al traste con significativos avances en ese rubro y retornar al régimen totalitario.
Lo curioso del caso, consiste en que quienes pusieron sobre la mesa el tema se supone son personas experimentadas y conocedoras de las leyes, las libertades y los derechos humanos, atreverse a llevar a cabo una reunión de alto nivel con otro poder, para impulsar los cambios, sugiere pensar el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo a la par de que su óptica sobre las libertades ciudadanas ha variado.
También cabe pensar en una desesperada estrategia frente a la ineficacia para detener la inseguridad, optando por construir un régimen de excepción y represión. También es de reconocer la sensata decisión -hasta ahora-, de no presentar tan indeseables iniciativas, así festejamos su aniversario.
