La industria automotriz rechazó el nuevo intento de legalizar los autos “chocolate”, tras darse a conocer la iniciativa del gobierno de Baja California para censar ese tipo de unidades y otorgarles permiso de circulación, porque ello impactaría aún más al mercado interno.
El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas Mesa, relató que con base en datos del Servicio de Administración Tributaria en 2019, por segundo año consecutivo, se registró un incremento en la importación de vehículos usados de 12.5 por ciento respecto a 2018, al sumar un total de 159 mil 446 autos que ingresaron legalmente a México.
Sin embargo, relató, de 2005 a la fecha se han acumulado 8.3 millones de vehículos usados o chatarra que han ocasionado severos daños ambientales y hasta de seguridad vial al país.
“Si no se mantiene un mercado interno sano, cuando se dé una demanda a la baja del exterior no se podrá destinar parte de lo que se exporta al mercado interno, si como es el caso, ambos mercados van a la baja estamos en problemas”, señaló en conferencia de prensa.
El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, indicó que paralelamente a la importación de vehículos usados que ingresan legalmente, están los ilegales procedentes de Estados Unidos que “incrementan el daño al mercado automotor mexicano”.
Apuntó que en los últimos años se ha incrementado el ingreso de autos usados ilegales, debido a un menor control por parte de los gobiernos locales y del federal.
“Enfrentamos una iniciativa para formalizar, aun cuando en el discurso se niegue, la permanencia de los vehículos de contrabando, a través de la creación de un Instituto que mediante un censo los identifique bajo el argumento de disminuir la utilización de vehículos en la comisión de delitos”.
Rosales alertó que “esta iniciativa se encuentra en el Congreso de Baja California y dada la mayoría que tiene Morena, partido al cual pertenece el gobernador Jaime Bonilla, nos preocupa que no haya un análisis real de la iniciativa y se apruebe en automático”.
Argumentó que tal vez el gobernador Bonilla desconoce que existe una obligación del gobierno de Baja California, que en el esquema de coordinación fiscal anexo 8, asume responsabilidades para evitar el contrabando y la introducción de vehículos ilegales y el hecho que no lo haya firmado no lo exime del cumplimento de sus obligaciones.
Es preocupante, dijo, que “el contrabando de vehículos es catalogado como delincuencia organizada, por lo que se debe tomar en cuenta que no puede legalizarse lo ilegal”.
Refirió que ya van varias ocasiones que gobernadores intentan legalizar los autos que ingresan ilegalmente al país, como el caso de marzo de 2016 con el gobierno de Chihuahua, entonces la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detuvieron la iniciativa.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales para que intervengan y frenen este tipo de iniciativas que “contravienen la legalidad”, y solicitó al gobierno que defina su postura en contra de los autos de contrabando, para “que no se legalice lo ilegal”, para que no haya “ambigüedades que mantienen a la industria automotriz en la incertidumbre”.
