La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de varios niños y adolescentes que se encontraban en un local de videojuegos en el municipio de Uruapan, Michoacán, el cual fue perpetrado por presuntos integrantes de un grupo delictivo.
En un comunicado, el organismo autónomo urgió a las autoridades de esa entidad y de la federación a implementar acciones y políticas públicas integrales para detener la violencia e inseguridad que prevalece en diversas regiones del país, la cual afecta de forma grave a niñas, niños y adolescentes.
Expresó su apoyo y solidaridad a las familias de los menores muertos, y exhortó a las autoridades competentes a realizar una investigación expedita y diligente que permita sancionar a los responsables, así como apoyar de manera integral a las familias de las víctimas.
De igual manera, la CNDH hizo un llamado para que los medios de comunicación se abstengan de difundir imágenes de los hechos y datos personales que revictimicen a las personas agraviadas.
Indicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio de personas de entre cero y 19 años de edad, pasando de mil dos en 2007 a dos mil 858 en 2017.
Añadió que datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que la percepción de seguridad de la población menor de edad es negativa, ya que el 71 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 17 años manifestó no sentirse seguro en las calles.
En el Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México publicado por la CNDH en 2019, se advirtió que Michoacán es una de las entidades que presenta alto riesgo de violencia asociada con el crimen organizado, lo cual implica que los menores de edad estén más expuestos a sufrir las consecuencias de la presencia y operación de esos grupos delictivos.
La Comisión señaló que la atención a esta problemática requiere un enfoque especializado que se refleje en el ámbito social, político, económico y legal, pues “no basta contar con uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de derechos de la niñez, sino que es prioritario fortalecer la capacidad operativa de las instancias de protección y restitución de derechos”.
Expuso que es indispensable que las autoridades adopten, entre otras acciones, una estrategia de mediano y largo plazo, con personas expertas; que impulsen una reforma profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia que permita su autonomía y abata la impunidad, la corrupción e ineficacia.
Asimismo, que generen estrategias a nivel local que involucren la participación de familias, la comunidad -incluidas las niñas, niños y adolescentes- para restituir el tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y violencia generalizada.