Por Miguel Tirado Rasso
La semana pasada, la primera Fiscal Anticorrupción del estado de Baja California, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, presentó su renuncia al cargo que, apenas el pasado 19 de diciembre, le habría asignado el Congreso del Estado, como Fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción para un periodo de cinco años. En su carta renuncia, dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la XXlll Legislatura del Congreso Estatal, la ahora ex fiscal, expondría como causa de su decisión, la falta de recursos para “iniciar desde cero” la Fiscalía, sin dejar de mencionar las vicisitudes por las que tuvo que pasar.
Para poner en contexto nuestro comentario, habría que recordar que el pasado 23 de noviembre, el secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, anunciaba, con bombo y platillo, la firma de la iniciativa de ley para la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por parte del gobernador Jaime Bonilla, que estaría encargada, según habría precisado el funcionario en la conferencia de prensa, de dar seguimiento a las denuncias interpuestas por el gobierno estatal en contra de ex funcionarios de la administración anterior, por una deuda de cerca de 33 mil millones de pesos, que les habían heredado.
El proyecto de ley fue enviado al Congreso y en menos de cinco días la bancada de Morena, con mayoría absoluta, la aprobaría, con lo que se daba vida al organismo anticorrupción, con autonomía técnica y operativa, a cargo de un fiscal especializado responsable de la investigación, prevención y persecución de los delitos por corrupción previstos en la ley penal del Estado, que sería designado por mayoría calificada del Congreso, de entre una terna propuesta por el gobernador.
Con la creación formal de la nueva Fiscalía, se procedió a elegir a su titular, a partir de la propuesta del Ejecutivo local en la que, destacaba como favorito, según dicen quienes sabían del tema, Humberto Valdez Ramos. Sucedió, sin embargo, que cuando se supo de su inclusión en la terna, se le objetó al relacionarlo con temas del narcotráfico, por lo que la estrategia para un fiscal carnal no prosperó.
La balanza, entonces, se inclinó por una abogada litigante, egresada de la Universidad de Baja California, sin antecedentes en el servicio público, especializada en finanzas. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien habría afirmado no conocer personalmente al gobernador, fue elegida por el voto de 23 de los 25 diputados del Congreso. Y es que, por su perfil, resultaba la candidata ideal para ocupar el puesto, por aquello de la autonomía técnica y operativa, sin lazos ni compromisos, fundamental para el buen funcionamiento de la Fiscalía anticorrupción. Seguramente así lo consideraron los legisladores y, por eso, el apoyo mayoritario. Pero este resultado feliz, no habría dejado a todos contentos y satisfechos, pues una Fiscalía así amenazaba salirse del control gubernamental, algo que no estaba en los planes del gobierno.
Y como la creación de este organismo adolece de varias fallas y omisiones, sin el apoyo gubernamental resulta, como sucedió, imposible ponerlo a funcionar, al menos para quien no está en el ánimo del titular del Ejecutivo. La buena noticia es que el organismo queda desvinculado de la Fiscalía General del Estado; la mala, que carece de personalidad jurídica y de patrimonio propio.
En el presupuesto de egresos para este año, el Congreso no contempló ningún monto para la operación de la Fiscalía Anticorrupción, con lo que su independencia y autonomía resultan una mera ficción, ya que, en los hechos, depende del apoyo de la Fiscalía General del Estado, a quien le corresponde cederle inmuebles y personal, según lo dispuesto en un artículo transitorio de su Ley Orgánica.
El sospechoso silencio de los diputados, me refiero a los de oposición, sobre una falta tan evidente, podría llevar a especular alguna intención oficial perversa, para mantener sometido a este organismo, convirtiéndolo en una Fiscalía a modo. Según se deduce de lo expresado por la ex Fiscal en su renuncia, las cosas se dificultaron más de lo previsto. No tuve respuestas efectivas a la solicitud de apoyo, escribió, para “crear la infraestructura (y) reclutar personal técnico y administrativo” y ante la precariedad patrimonial del estado, que percibió, no vio posibilidades de iniciar la operación del organismo, a corto plazo, por lo que decidió renunciar.
Según el diario local ZETA, el gobernador Bonilla habría declarado en una entrevista con la Agencia Fronteriza de Noticias que él habría sugerido la renuncia de la Fiscal, sin explicar la causa. De ser cierto esto, se entendería que las trabas que encontró la ex Fiscal para cumplir el encargo no eran tan circunstanciales y que todo obedecía a un plan que no la incluía.
Con el camino despejado, ahora el gobernador Bonilla podrá reintentar su jugada para tener su Fiscal Anticorrupción a modo.
La licenciada Ojeda Mayoral, se fue, pero no sin dejarle una pulla a quien corresponda: “Sin querer darle consejos a nadie, soy de la idea de que primero se debe crear la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción y después buscar al Fiscal. No a la inversa”.
