La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las cuentas congeladas derivadas de actividades ilegales que tenía esta instancia, tuvieron una variación debido a los amparos que otorgó la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) al ex ministro Eduardo Medina Mora
Santiago Nieto, titular del UIF, luego de dialogar con diputados federales de Morena en el último día de la Reunión Plenaria de este grupo parlamentario, dijo que esta dependencia de Hacienda tiene 4 mil 500 millones de pesos en cuentas congeladas.
Hay que recordar que esta cantidad varía con respecto a la cantidad que mencionó en la conferencia matutina del presidente, en diciembre pasado, cuando dijo que se trataban de 5 mil 23 millones de pesos los que tenía confiscados. Pero acotó que los montos suelen variar debido a los recursos de amparo promovidos en el Poder Judicial.
«Con respecto a la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por el ex ministro Medina Mora», dijo.
Por otra parte, habló del caso de la Estafa Maestra, e indicó que la UIF mantiene ante la Fepade dos denuncias por presunto desvío de recursos públicos a las campañas electorales.
“Hemos presentado dos denuncias sobre el tema y estamos en este momento trabajando para detectar si en los casos de estafa maestra también el dinero que fue separado a través de empresas fachada llegó a procesos electorales o no”, indicó el funcionario.
Detalló también sobre la estafa maestra que la Secretaria del Bienestar entregó 105 convenios donde detectaron irregularidades con instituciones de educación superior y lo que buscan ahora es rastrear a estas empresas, de las cuales, indicó que muchas ya desaparecieron, lo cual da pie a pensar que se trataron estos convenios de fraudes.
Finalmente, reiteró que mantiene un trabajo de acompañamiento con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y destacó también que están desarrollando investigaciones con respecto a la llamada Operación Zafiro, en la que 7 gobiernos estatales priistas desviaron 650 millones de pesos de los recursos de educación para el financiamiento de campañas políticas.
