El debate sobre la propuesta de la Secretaría de Gobernación de solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos biométricos de los ciudadanos registrados en el padrón electoral tiene categoría de Estado, expresó el comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, y a su vez aclaró que el organismo no puede pronunciarse sobre el particular en tanto no forme parte de esta discusión de una forma más directa.
“Nosotros estamos preparados para sentarnos en mesas técnicas y analizar las consideraciones. No me adelanto a exponer o predecir que sea todo factible en los términos que se han mencionado”, expresó a medios tras inaugurar el foro “La revolución digital de nuestra era: ¿una oportunidad para la economía global?” organizado a propósito del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020.
Cuestionado sobre la postura del Inai sobre el tema, que incluso el presidente, Andrés Manuel López solicitó a Segob no insistir al INE sobre el asunto en tanto no haya más información para evitar sospechas e inquietudes, Acuña insistió en que los comisionados del Inai no deben pronunciarse.
“Nosotros no debemos pronunciarnos hasta no ser parte de la cuestión de manera más directa porque las oposiciones que ya se han comenzado a presentar, dirigidas al INE por la parte que se están generando de manera informal, las tendremos que conocer de manera individual, pero una cosa será la potestad que tenemos para reconocer y resolver recursos que pudieran generarse de manera individualizada y la otra cosa es la discusión sobre si todo es factible y posible y conveniente y esa parte los comisionados el Inai queremos, de manera muy respetuosa y muy conveniente trabajarla ampliamente y luego explicar todas las razones que hubo porque es una trama”, expresó.
En relación a la postura del mandatario, Francisco Javier Acuña expresó: “cuando ayer el Presidente de la República expresó que, por lo pronto, ese asunto se iba a dejar de tramitar o generar, nosotros también decimos vamos a esperar que haya el momento adecuado para exponer técnicamente la posición del Inai. Dejo puesto sobre la mesa que hay razones suficientes para darle al tema una categoría de Estado”. -¿Se tendría que preguntar a los mexicanos si aceptan la transferencia de sus datos desde el INE a sesgo, se le preguntó.
Una cosa es la manifestación individual o el consentimiento. El consentimiento sólo se expresa individualmente, y otra cosa es en todo caso, como ya lo dije, porque está sujeta a una valoración técnica de muy alto nivel y en la que tienen que participar no solamente las partes involucradas, sino, incluso, llamar a otros expertos y especialistas que pudieran a ayudar a liberar técnicamente todos los problemas que pudiera representar esa cuestión, dijo Acuña.
Durante los trabajos de este foro, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa abordó el tema. Expuso que el enfoque de los derechos humanos es el que nos debe servir como base de referencia para abordar las tensiones entre derechos y las diferencias entre autoridades como la reciente controversia actual entre el INE y la Segob.
Añadió que, siguiendo el principio pro persona creo que los datos biométricos en posesión del INE pueden ser aprovechados por el Estado para garantizar otros derechos de las personas y no sólo los político- electorales. Por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y en general en la facilitación de los trámites y servicios del gobierno. Ante los asistentes la legisladora dejó el siguiente cuestionamiento: “¿Por qué las empresas y redes sociales pueden aprovechar estos datos para bombardearnos de publicidad y el Estado tiene negado utilizarlos para cumplir con sus funciones? Nos podríamos ahorrar muchas discusiones si pensamos en hacerle la vida más fácil a las personas”.
Agregó que, los datos personales constituyen bienes de las personas, no un patrimonio de las instituciones. Los datos no son de las instituciones, los datos son de los titulares. Todo lo que se determine debe partir de este derecho y que el Estado -llámese órgano autónomo o gobierno- tiene la obligación de protegerlos.
