El gobierno federal lanzará el 7 de febrero próximo las primeras licitaciones para el Tren Maya, con el propósito de comenzar el 30 de abril la construcción de dos de los cinco tramos que componen la fase uno de la megaobra.
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), explicó que se trata de 951 kilómetros, de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo, cuyos pormenores ya fueron presentados a 85 empresas, 65 nacionales y 20 internacionales, de España, Canadá, Portugal, Brasil y China.
El funcionario agregó que se trató del primer taller informativo a partir del cual se inician una serie de consultas con los posibles licitantes para ir solventando aspectos técnicos, económicos y administrativos. Todos los detalles del proyecto.
Junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Fonatur detalló, en Palacio Nacional, que los tramos uno (Palenque-Escárcega) y dos (Escárcega-Calkiní) del Tren Maya se licitarán el 7 de febrero; el tres (Calkiní-Izamal), el 21 de febrero; el cuatro (Izamal-Tulum), el 28 de febrero, y cinco (Cancún-Tulúm), el 6 de marzo.
Los fallos se darán a conocer entre abril y mayo venideros, para empezar con las obras correspondientes. Los primeros dos tramos, el 30 de abril; el tercero, el 18 de mayo, y los últimos dos de esta fase, siete días después.
Jiménez Pons admitió que hay un desfase en la calendarización por el cúmulo de información. “Las propuestas (que se han recibido) son volúmenes muy importantes, cajas y cajas que se tienen que ir analizando… entonces, los inicios se van difiriendo”.
Pero resaltó que, en cierto sentido, la parte ambiental en esta etapa está resuelta, por la existencia de rieles y carreteras, así que las convocatorias sobre impacto ambiental se lanzarán para la segunda fase de la megaobra.
El presidente López Obrador reiteró en ese sentido que, conforme establece la ley, se consultó a todas las comunidades indígenas y la mayoría de la gente votó en favor de la construcción del Tren Maya.
También subrayó su compromiso de cuidar el patrimonio cultural de la zona y no favorecer a empresas, como ocurrió con Repsol y OHL en administraciones pasadas, que hicieron jugosos negocios, por no hablar de otra cosa, al amparo del poder público.
