Por Miguel Tirado Rasso
Dice nuestra Constitución, en su artículo 17, párrafo segundo: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”
Justicia pronta, expedita y gratuita, pues. Un mandato constitucional hasta quimérico, porque, en la cotidianidad de la vida, en nuestro país, prevalece como una aspiración inalcanzable. Un problema de Estado, podríamos decir, porque el reclamo de justicia no ha variado y ha subsistido como demanda, más allá de las transiciones democráticas, con gobiernos tricolores, blanquiazules, amarillos y morenos.
Una asignatura pendiente, la impartición de justicia, de añeja herencia, que los diversos gobiernos que han conducido este país, se han esforzado por mejorar a través de numerosas reformas, creando nuevas instituciones, sustituyendo otras, modificando leyes, ajustando equipos, etc. pero con resultados que han dejado mucho que desear.
La falta de confianza del ciudadano en las instituciones de procuración de justicia y en sus operadores, hace que sólo el diez por ciento de los delitos que se cometen sean denunciados. Y es que de acuerdo a datos de la organización México Evalúa, el grado de impunidad, a nivel federal y estatal, anda sobre el 95 por ciento, lo que desmotiva la acción de denuncia.
Entre los múltiples cambios que a lo largo de la historia se han hecho a la legislación penal, destaca la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, vigente a partir de 2016 y que modificó sustancialmente el sistema penal, transitando del Sistema Inquisitivo Escrito al Sistema Acusatorio Oral. Una reforma para mejorar la eficiencia en la persecución del delito y para corregir prácticas, usos y costumbres que hacían del sistema de justicia una verdadera pesadilla. Esta reforma partía del principio de presunción de inocencia y del respeto a los derechos humanos. Acabar con la fabricación de culpables y con la tortura; racionalizar el uso de prisión preventiva, y el respeto al debido proceso, eran otros de sus principales aportaciones.
Grandes expectativas que en eso quedaron, pues su aplicación se vio afectada por fallas operativas y de infraestructura, atribuibles, según algunos, a la renuencia de gobiernos a perder el control político de la procuración de justicia. Como sea, los magros resultados de esta reforma generaron decepción y la necesidad de nuevas propuestas, ante la crisis de seguridad y justicia que vivimos.
Pero aun así, habría que evitar precipitaciones y meditar, analizar y estudiar a fondo las modificaciones que convendría proponer para mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, aprovechando lo que sea útil del sistema actual y evitar caer en simplismos de borrón y cuenta nueva, por los riesgos de incurrir en errores más graves de los que se pretenden corregir.
Esto, por lo sucedido la semana pasada, que, en una curiosa estrategia se filtró información del contenido de unas reformas sobre procuración y administración de justicia, que, el titular de la Fiscalía General de la República y otros funcionarios del Gobierno Federal, pretendían presentar, formalmente, en el Senado. Un paquete legislativo con reformas a 14 artículos de la Constitución, cuatro leyes nuevas y reformas a otras cuatro. La presentación y entrega al órgano legislativo, finalmente no se hizo, al parecer por algunas omisiones, ausencias y desacuerdos entre las autoridades involucradas en la materia. Diferencias internas que tendrán que superar, pero respetando formas y opiniones.
Por lo pronto, la versión filtrada lejos de beneplácito causó preocupación por regresiva y autoritaria, y si la intención fue medir la opinión, no resultó favorable. Tendrán que trabajar mucho para convencer de sus bondades y explicar porque retomar disposiciones de sistemas ya superados. El enfrentamiento a la crisis de seguridad y justicia no debe ser a costa del sacrificio de los derechos humanos ni a partir del endurecimiento de la justicia.
Ampliar la aplicación del arraigo a cualquier tipo de delito; plantear la desaparición de jueces de control; revivir la validez de las pruebas obtenidas de manera ilegal en un juicio; autorizar la retención inmediata y hasta por 48 horas, sin orden judicial; permitir intervenciones a las comunicaciones en temas fiscales y electorales; facultar al Ministerio Público para ordenar la detención de personas; proponer tribunales especializados con jueces nombrados por el Senado, y atentar contra el principio de presunción de inocencia, son algunas de las disposiciones de la reforma con las que sus autores pretenden mejorar la impartición de justicia. ¿Será?
