Por David Marklimo
El año 2019 fue el más violento en las últimas dos décadas para México, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública: se ha registrado un promedio de 80 homicidios por día. Inaudito. Parte de este dato se explica por la expansión de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas (trata de personas, secuestro, extorsión y un largo etcétera). Temas como la desaparición forzada a manos de grupos delictivos se han apoderado de la agenda de seguridad. En diez meses se contabilizaron más de 24.000 homicidios dolosos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso, el gobierno de la República ha declarado que el listado de desaparecidos no contiene los datos verdaderos. Alejandro Encinas sostuvo que, por lo menos, la cifra oficial está en cinco mil personas a la baja. Terrorífico.
La apuesta de la nueva administración tiene como base a la Guardia Nacional integrada por las policías militar, naval y federal, bajo el liderazgo y la operación de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Sin embargo, parece que con ello no alcanza para, por una parte, bajar el número de homicidios, y por otra, evitar las desapariciones forzadas. No sólo eso. La creación de la Guardia Nacional es una constante apuesta por la militarización, tal cual reconoció el diario The New York Times (véase https://www.nytimes.com/es/2019/05/12/homicidios-lopez-obrador/). La vuelta de la seguridad al poder civil tardará todavía: lo que se necesita son buenos agentes que investiguen y en los que la comunidad pueda confiar, no grandes operativos y soldados que cumplan órdenes sin ton ni son. Pero más allá de eso, en un plano discursivo, la lucha contra el crimen es una de las prioridades del nuevo gobierno; en la percepción ciudadana, el combate contra la delincuencia parece que no le interesa al gobierno. Es decir, si bien hay la percepción de que AMLO es un presidente que trabaja mucho y es honesto, su discurso queda en entredicho al compararlo con el propio sentir de la ciudadanía, que no percibe lo mismo de sus policías ni de algunos miembros de su gobierno. Eso, políticamente, es un riesgo.
Otro foco de riesgo, en términos de Administración Pública, es la puesta en marcha de una Secretaría de Seguridad Pública plenamente operativa, que cuente con policías capacitados y bien pagados en los que la comunidad pueda confiar. Según el New York Times, a veces las acciones de la violencia más que causas son consecuencias. ¿Forma parte de la cultura la violencia? Vemos que muchas de sus acciones son prácticas al servicio de intereses políticos y económicos, legales e ilegales. En México, matar -como decía hermosamente José Alfredo Jiménez al cantar que la vida no vale nada- se ha convertido en una solución transversal, barata, que sirve no solo para acabar con el enemigo, sino para acabar con cualquier molestia presente o futura que se cruce con esos poderes: el miedo como forma de control social. Y, aunque la corrupción, y sobre todo la impunidad, sean incentivos para el asesinato, el robo, el tráfico de armas, personas y de drogas, tampoco lo explican todo. No existen soluciones mágicas, ni rápidas, porque si la violencia forma parte de la cultura, el cambio debe ser sistémico … y eso toma más de una generación. No es algo que se solucione con varita mágica, invocando el Expecto Patronum. Tanto AMLO como su secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, parecen entender este fenómeno, pero no se puede afirmar que lo comuniquen eficazmente. De nueva cuenta, las extrañas razones de la política, con las elecciones de 2021 ya a la vuelta de la esquina.
Ahora bien, AMLO sí tiene razón cuando dice que reducir la violencia requiere de una política integral, no solo de seguridad. Pero aquí se puede ver que el discurso es una cosa y las acciones de gobierno otra. La tan cacareada Estrategia de Seguridad, que incluía la revisión de las causas de la violencia, no ha aparecido. El primer paso, quizá es una reforma judicial, que incluya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violenta realidad mexicana exige leyes para reconocer y proteger a los desplazados, una justicia independiente que investigue las conexiones entre crimen organizado, políticos y fuerzas del orden. Un segundo paso, debería ser caminar hacia la legalización. Que quien persiga a los narcos sea el Sistema de Administración Tributaria y no la Guardia Nacional. Todavía no hay nada sobre la anunciada regulación de la marihuana para el consumo personal y la amapola para la producción de medicamentos. La legalización de la mariguana y la amapola, además, vendría acompañada de la Ley de Amnistía, que sacaría de la clandestinidad a miles de campesinos que ya se dedican a ello en México y aliviaría la superpoblación del sistema penitenciario. Estas tres propuestas no son, evidentemente, la solución a la crisis, pero sí son parte fundamental de ella. Veremos si en este año que comenzó, algo de lo que se prometió se empieza a ejecutar.
