Por Jesús Michel Narváez
Desde que se iniciaron las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, las acusaciones contra los conservadores, los fifís, los adversarios etcétera han sido pan de todos los días.
Hasta ahora, con los “otros datos” se apunta con el dedo flamígero a determinas personas. Muchas de ellas, exservidores públicos federales y estatales; en otras, directamente contra quienes pertenecen aún al sector público.
La protesta del Fiscal General de la República quizá amaine el huracán de señalamientos sin bases firmes. Pero el mal ejemplo ya cundió.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusó a los empresarios de enriquecerse en perjuicio de los intereses de los ciudadanos al no contribuir al desarrollo de Baja California.
El duro mensaje al sector empresarial de la entidad que ha rechazado el alza a impuestos aprobada por el Congreso del Estado, no dejó duda de que hay enfrentamiento con el dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther y otros representantes de la IP.
“Lo que pasa es que no quieren pagar impuestos todos los que están ganando y se han hecho ricos a raíz del mismo pueblo y lo único que les digo es paguen una parte proporcional”, afirmó el gobernador.
La información la publicó El Sol de México en su sección de República y pone de manifiesto el comportamiento del mandatario, cuestionado formalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Instituto Nacional Electoral por haber “convencido” a los diputados de la pasada legislatura de ampliar el mandato de 18 meses a 5 años de gobierno, utiliza la misma intimidante práctica presidencial acusando pero no comprobando.
No se sabe si alguno de los señalamientos tiene sustento en una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común, lo que evidencia que no se han seguido los caminos correctos para la aplicación de la justicia.
Bonilla pidió y no de manera comedida a la cúpula empresarial a cumplir con sus obligaciones fiscales para que la administración pueda ofrecer más seguridad y más infraestructura.
“Si estás ganando el 100 por ciento, paga el 2.5 por ciento para que tengas lo que tanto demandas, que es seguridad en las calles, que tanto estás pegando de gritos, tanto te estás quejando que no hay agua, no hay porque no existe infraestructura ni hay porque todo se lo robaron”, les reclamó a los miembros del sector privado.
(No explicó quienes se robaron el dinero, si los empresarios o las anteriores administraciones).
Al responsabilizar al empresariado y darse un baño de pureza, Bonilla les espetó:
“Yo quiero ver qué le van a decir al pueblo, que se han hecho millonarios, que tienen fincas, grandes extensiones de terreno, y cómo le explican a la gente sobre que no quieren pagar sus impuestos, ese es un problema que van a tener, pero le tendrán que rendir cuentas al pueblo, porque al final del día lo pague o no lo pague su actitud negativa está”.
El choque con la IP se genera porque con los nuevos impuestos afectarán la creación de empleos y podrían ocasionar posibles despidos de personal. Además de que se enfoca a fomentar la informalidad y la inseguridad.
Lo extraño es que no haya una sola denuncia por evsión de impuestos, que ya está equiparado con la delincuencia organizada. Mucho bla, bla y nada de acciones.
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