Por Gerardo Lavalle
Razonado, con sustento, el Banco de México, como institución, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional por omisiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, por cuanto al salario del presidente de la República.
¿En qué fundamenta su controversia?
En que el PEF no señala entre las percepciones del titular del Poder Ejecutivo Federal las prestaciones en especie que recibe, como son vivienda, alimentación y transporte.
¡Toda la razón le asiste!
Porque, seguramente, el Presidente no cubre el pago de la renta por ocupar un departamento de 300 metros en Palacio Nacional.
Tampoco paga los alimentos que degusta todos los días e incluso tiene invitados par comer chilaquiles con carne.
Menos aún se sabe quién paga los choferes que lo conducen y a sus comitivas, además de los que utiliza su señora esposa.
Claro, el Presidente tiene otros datos que confirman que no es como los de antes.
La controversia, que ya fue admitida a trámite por la Corte pero se negó la suspensión provisional, cómo no, si el ministro Zaldívar Lelo de Larrea atiende lo que le señala su vecino no lo que contiene la ley. En el Palacio de la Justicia Federal dieron un plazo de 30 días hábiles para que el Legislativo y el Ejecutivo federales envíen copias certificadas del PEF y demás antecedentes legales que dieron origen a este juicio constitucional.
¿No conocen los ministros el contenido del PEF que también los rasuró? Habrá que esperar los 30 días hábiles que se convierten en 41 días calendario para saber si la Corte se apega a derecho y exige que la renta, los alimentos y el transporte del Ciudadano Presidente y su señora esposa, además de sus vástagos, deben o no ser considerados como parte del salario presidencial. Haga sus apuestas a que los ministros no integran los beneficios al salario y ganará.
