La embajadora mexicana María Teresa Mercado salió esta mañana del aeropuerto de La Paz, un día después de que la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, la declaró “persona non grata” y exigiera su retiro.
La diplomática dejó la residencia ubicada en la zona sur de la capital boliviana tras un “control efectuado por un grupo de movilizados denominados ‘La Resistencia’ que instaló una vigilia muy cerca del inmueble”, aseguraron los medios bolivianos Página Siete y La Razón.
El grupo de civiles que «controla» el acceso al fraccionamiento donde se ubica la residencia de la embajada mexicana, se suma a unas dos decenas de policías bolivianos, que hasta la semana pasada llegaron a rebasar la centena, y que eran apoyados por drones.
Luego, escoltada por una caravana de automóviles diplomáticos y de seguridad, la embajadora Mercado llegó al aeropuerto de El Alto donde sin compañía tomó un vuelo comercial hacia las 7:50 horas (11:50 GMT).
El vuelo partió rumbo a Lima, Perú, donde tras una escala viajará a Guayaquil, en Ecuador, y luego el tramo final que la trasladará a la ciudad de México, informó Los Tiempos.
Antonio Montero, comandante de la policia boliviana, dijo a Bolivisión que el traslado de la residencia al aeropuerto fue en completa calma, sin algún tipo de incidentes.
La víspera, Mercado fue acusada de «daño a la soberanía del Estado boliviano», junto a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández, y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo.
De acuerdo a Áñez, el grupo de diplomáticos tenía 72 horas para dejar el país andino.
Por su parte la canciller boliviana, Karen Longaric, aclaró que no se trataba de una ruptura de relaciones diplomáticas con España o México, sino de una sugerencia para que ambos gobiernos acrediten a nuevos diplomáticos en reemplazo de «quienes irrespetaron la soberanía de Bolivia».
En la embajada mexicana en La Paz se encuentran bajo protección diplomática nueve exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, quienes esperan salvoconductos para salir del país, mientras el gobierno interino rechaza otorgarlos bajo el argumento de que enfrentan procesos judiciales y deben ser entregados.
