El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) demandó que el combate a la corrupción se haga sin distingo de aliados o adversarios de la administración federal en turno.
En un “posicionamiento” tras la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, este Comité subrayó la necesidad de que en este tipo de procesos no estén apegados a voluntades personales, sino al estricto apego a las normas.
n su posición –que se emitió esta tarde, cinco días después que la SFP presentó su resolución del caso— el Comité indicó que el combate a la corrupción debe basarse al menos en tres pilares: la legalidad, la imparcialidad y la credibilidad.
“Por tanto, dicho combate no puede obviar ni trascender disposiciones del marco legal, debe exhibir evidencias de que no hay distingos para aliados o adversarios de la administración en turno y no debe dejar margen de sospecha respecto de las actuaciones de los encargados de tan delicada encomienda”.
Los miembros del CPC subrayaron la necesidad de hacer valer el apotegma juarista de “al margen de la ley nadie, por encima de la ley nada”, por lo que hicieron patente su convicción “de que la culpabilidad o inocencia de nadie, incluyendo funcionarios de administraciones presentes o pasadas, así como la voluntad investigadora cuando existan elementos que presuman el ejercicio indebido de la función pública, no puede estar sujeta a voluntades personales, sino al estricto apego a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanen”.
El jueves pasado, en un informe técnico de la SFP, que fue dado a conocer por su titular, Irma Eréndira Sandoval, se exoneró a Bartlett Díaz de los delitos de enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias, tras una investigación de varios meses en torno a sus propiedades, empresas e ingresos de él y de sus familiares más cercanos.
El director general de la CFE había sido señalado de omitir en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja Julia Elena Abdala e hijos; pero para la SFP, Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes de su compañera, conforme a la ley vigente, a que no tienen vínculo matrimonial ni de concubinato.
El CPC destacó que la investigación sobre los bienes de Bartlett –centrada en la veracidad de la información vertida en los formatos de situación patrimonial— es prueba que la iniciativa conocida como 3 de 3 estaba en el camino correcto.
