El senador Martí Batres anunció que presentará este miércoles en la Comisión Permanente una iniciativa para enfatizar que la Ciudad de México es una entidad federativa libre y soberana en todo lo que concierne a su régimen interior y a su organización político administrativa.
Se trata, detalló en conferencia de prensa, de un cambio de naturaleza jurídica de la capital de la República, en congruencia con los artículos 42 y 43 de la Constitución Política, que establecen que la Ciudad de México es integrante del Pacto Federal.
Senador de Morena, Batres dijo que eso significa que debió ser una entidad libre y soberana para poder realizar ese Pacto, al igual que las otras entidades federativas que integran la República Mexicana.
Actualmente, subrayó, de acuerdo con el artículo 122 de la Carta Magna, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
Refirió que el concepto de que esta ciudad es soberana ya se encuentra en el Artículo primero de la Constitución de la Ciudad de México, “por lo tanto me parece que es un anacronismo que todavía en el artículo 122 se hable de autonomía de la Ciudad de México, cuando debe contemplarse como una entidad soberana”.
Al hacer un balance del primer periodo ordinario, del segundo año de labores, de la LIV Legislatura dijo que hay avances positivos, están las reformas para prohibir la condonación fiscal, para penalizar gravemente la facturación falsa, las leyes secundarias de la reforma educativa.
Quedaron temas pendientes como el outsourcing, la regulación de la mariguana, la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, la inmunidad presidencial, entre otros.
Batres consideró que hubo tres errores importantes en el periodo de sesiones que concluyó: “la designación de los magistrados electorales locales, pues no se consultó a los senadores de todas las entidades federativas y en la Ciudad de México se impuso un magistrado que participó en la operación del fraude electoral del estado de Puebla”.
También, “faltó construir consenso para el tema de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se aprobó la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre el tema de la inmunidad presidencial”.
