*Litigantes Buscan Presionar a Jueces y Magistrados
*Son Expertos en Cabildeo Político con Experiencia
*Hubo Presión Extrajudicial Para Cambiar Votación
*Varias Gasolineras a Punto de ser Clausuradas
Por Rafael Navarro Barrón
Un caso doméstico, denominado la guerra entre grupos de gasolineros en Ciudad Juárez, sacó a la luz pública el “modus operandi” del poderoso despacho de Antonio Lozano Gracia, el ex procurador general de la república en el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Se trata del consorcio de litigantes que se presenta ante sus clientes como “Lozano Gracia y Asociados”.
Este influyente bufete envió a Ciudad Juárez a los litigantes César Jáuregui Robles y Arturo Chávez Chávez, ambos exfuncionarios de alto nivel, uno de ellos ex senador de la república, ligados con el Partido Acción Nacional, igual que Lozano Gracia.
Se presume que César Jáuregui está laborando aún en el gobierno del Estado de Chihuahua. Javier Corral lo sostiene como “asesor” después de haber participado en el cargo número dos, como secretario general de gobierno.
Jáuregui concluyó hace tres meses su participación en el gobierno de Javier Corral. Era compañero de labores de Alejandra de la Vega, a quien hoy defiende en el negocio de las gasolineras Arco y Petrol que operan en Ciudad Juárez.
Ahora, el “prestigiado” abogado, experto en el manejo extrajudicial para comprar y presionar a jueces y magistrados federales, defiende a la empresa de Alejandra de la Vega quien será propuesta por el gobernador como candidata a alcaldesa de Ciudad Juárez.
A su vez, Arturo Chávez Chávez, fue delegado de la PGR en el Estado y después procurador General de esa dependencia del año 2009 al año 2011, en el polémico gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Ese equipo defiende a la familia de la Vega bajo un esquema poco ortodoxo pues Jáuregui Robles es un experto en cabildeo político muy relacionado con el Poder Judicial de la Federación ya que un tiempo de su actividad profesional fue consejero de la Judicatura Federal.
Su primera intervención en este caso se presume fue la presión extrajudicial para que uno de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, cambiara su votación final.
El proceso federal se deriva del proyecto de sentencia del juicio de amparo en revisión administrativo 408/2018, interpuesto contra la sentencia de diecisiete de enero del 2018, emitida por el Juzgado Quinto en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo indirecto 781/2017-I-E, fue publicado el ocho de agosto de dos mil diecinueve.
¿La acusación? Mentir en forma deliberada a un juez federal, al presentar documentos avalados por el municipio y el Estado, en el primer caso expedidos por el entonces secretario del ayuntamiento, Roberto Rentería Manquero en la actual administración municipal Independiente que encabeza Armando Cabada.
Una investigación realizada por la Fiscalía General de la República logró determinar que los abogados de la familia de la Vega, encabezados por el ex funcionario municipal y abogado fiscalista, Iván Pérez Ruiz, mintieron al señalar ante el juez Quinto de Distrito que habían recibido una notificación extemporánea del Estado de Chihuahua por lo que el magistrado otorgó un amparo que permitió el manejo de las gasolineras Arco y Petrol.
El grupo de la Vega, a través de la empresa Almacenes Distribuidores de la Frontera, tiene bajo su administración 13 gasolineras Arco y 2 Petrol. En unas horas, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, entregue por escrito la resolución al Estado y el Municipio, la empresa tendrá que cerrar todas sus gasolineras pues no contarán con permiso de uso de suelo y licencia de operaciones.
La Fiscalía descubrió que la empresa del extinto Federico de la Vega ordenó a sus abogados mentir y presentar alevosamente un documento extemporáneo, alegando el el documento oficial no se entregó, notificó y siguió los causes en «tiempo y forma».
La investigación de la Fiscalía General de la República logró establecer que sí fue entregado –ahora se sabe que en tiempo y forma- por el Estado y en el cual se les indicaba “que no podían operar las gasolineras porque estaban violando la ley de Desarrollo Urbano”.
El municipio de Juárez entró en una abierta defensa de poco más de 15 gasolineras Arco y Petrol, propiedad de los descendientes del fallecido magnate Federico de la Vega; la alcaldía de Juárez, primero con los secretarios del ayuntamiento que ha tenido el presidente Armando Cabada, en este caso y Maclovio Murillo, se han sumado a la defensa jurídica de la poderosa familia que aporta una gran cantidad de impuesto predial y apoya políticamente al alcalde.
Liliana Ana Méndez Rentería, directora de Desarrollo Urbano del municipio solicitó al juez federal que atiende el caso, que explique el motivo de la clausura de los negocios de combustible bajo el argumento de que «no entendía la resolución».
Con esta dilación, el municipio se une al Estado en la defensa de las gasolineras de la familia de La Vega. El viernes 1 de noviembre el municipio presentó una solicitud de prórroga y queja ante el juzgado que lleva la causa.
