Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En mayo de1999, en una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sentó jurisprudencia en torno a la libertad sindical, los controladores de tránsito aéreo pudieron constituirse en un sindicato gremial independiente. Meses más tarde fueron los precursores para la posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales, y posteriormente lograron la firma de condiciones generales especiales.
De la mano del abogado Alejandro Velázquez Méndez, parecían estar llamados a ser los precursores de un nuevo sindicalismo entre los trabajadores del estado en el país. Raúl Campilla, su secretario general parecía tener el perfil de un dirigente con la capacidad necesaria para cambiar viejas estructuras.
Pronto las promesas se diluyeron. Con el consejo de Mauro Sánchez, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), decidió incorporarse a una naciente Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), auspiciada por la maestra Elba Esther Gordillo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Sánchez, durante muchos años cobró quincenalmente su salario en la Secretaría de Salud gracias a una comisión sindical que le mantuvo el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, lo que le permitió, en 2011, obtener una pensión jubilatoria por el ISSSTE.
La aventura de los controladores aéreos en esa federación -prácticamente desaparecida tras el encarcelamiento de la maestra Gordillo en 2013- duró unos cuantos años, al desafiliarse de la misma.
En 2012, Campilla anunció su sindicato que no buscaría una nueva reelección. Esperaba le pidieran rectificara su decisión. Sólo que le tomaron la palabra y fue electo como su sustituto Ángel Iturbide para una gestión de seis años.
En una reunión, el secretario general del SINACTA planteó cancelar el apoyo económico que mensualmente se le entregaba a Sánchez.
El secretario de Finanzas, pese a que no hubo acuerdo al respecto, e incluso a su vez propuso prescindir de los servicios profesionales del licenciado Velázquez Méndez, aplicó la sugerencia de Iturbe.
Sánchez incubó un odio visceral contra la organización sindical de los controladores aéreos, como el que le tiene al líder Ayala Almeida. A propuesta de Campilla -supervisor de servicios aeronáuticos-, fue integrado al organismo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano SENEAM) como encargado del jurídico al inicio de la gestión de Víctor Hernández Sandoval, al inicio del actual gobierno.
Muy pronto promovió se revisara si Ángel Iturbe y su sucesor en la secretaría general del SINACTA, Alfredo Covarrubias, cumplían los requisitos para la revalidación de licencia como controladores aéreos.
Iturbe enfrenta una enfermedad en garganta que le impide la revalidación, mientras Covarrubias al parecer no actualizó sus conocimientos de inglés. Ni tardo ni perezoso Sánchez convenció a la administración de Hernández Sandoval de darlos de baja como controladores aéreos, en una maniobra que según esto habría creído, permitiría dejar acéfalo el liderazgo sindical y fortalecer al Sindicato Independiente de Empleados del SENEAM, dirigido por Pablo Jiménez y Víctor Hernández Yáñez -ex militantes del SINACTA-.
Tanto a Iturbe como a Covarrubias se les hizo saber de manera extraoficial que los salarios les serían pagados a través de cheque, para lo cual tendrían que recogerlos en las oficinas del órgano desconcentrado. En realidad, pretendían notificarles que, al no reunir el perfil, dejaban de ser controladores aéreos y por tanto no podían formar parte de la plantilla del SENEAM.
Sólo que el órgano desconcentrado incurrió en retención de salarios, lo cual implica un asunto penal. Además, por el hecho de ser dados de baja no significa que dejen de ser dirigentes sindicales, en términos de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, algo que Sánchez, como abogado que se ostenta debiera saber.
La enfermiza persecución en contra de los dirigentes sindicales de los controladores aéreos, tolerada por el director general del SENEAM, provocó una carta de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en la que le pide ordene se abstengan de seguir con el hostigamiento y cumplan con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La carta está fechada el 13 de septiembre.
Y si en el SENEAM se pretende aplicar de manera estricta la ley, por qué el Órgano Interno de Control ha sido omiso en dictar medidas precautorias en la queja administrativa que se le presentó en la que se da cuenta que el encargado del jurídico, al asumir como tal el 16 de abril debió tramitar ante el ISSSTE se le suspendiera el pago de la pensión jubilatoria con número 1184424, un trámite al que está obligado y que hasta junio no había realizado, por lo que pudiera haber cometido el delito de fraude al salario y causar daño patrimonial al instituto.
PARA LA AGENDA
El pasado jueves 14 de noviembre, fue declarada desierta la licitación pública nacional consolidada número SSCHA-DGRMSG-LP-11-19 para “Adquisición de vestuario operativo, calzado operativo, equipo de lluvia y equipo de protección correspondiente al ejercicio fiscal 2019” del Gobierno de la Ciudad de México, por un monto estimado en 300 millones de pesos. Según esto, se ha convocado a los licitantes para que en sobre cerrado presenten sus propuestas, toda vez que se procederá a subasta pública. ¿Acaso no debía convocarse nuevamente a licitación? Esa licitación era la primera gran prueba de fuego para Sergio López Montesinos, flamante director general de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas. La falta de dominio del propio López Montesinos, como de Erick Israel Garza, Juan Carlos Toledo y Marina Soledad Jiménez en su carácter de área técnica, los hicieron cometer una serie de errores, los que se pondrán de manifiesto en la calidad del vestuario y equipo que se entregará a los trabajadores. Para tapar sus errores, dejaron correr la versión que había empresas coludidos con dirigentes sindicales, pero sin presentar denunciar ante las autoridades competentes… Por cierto, López Montesinos ordenó el despido de Mauro Fernando Sánchez Durruty, hijo de Mauro Sánchez, a quien Jorge Basaldúa le encomendaba tareas de secretario particular, en agradecimiento a una licencia sindical…
