El gobierno boliviano denunció este lunes la existencia de un «grupo criminal» que planeaba atentar contra la vida de la presidenta interina, Jeanine Áñez, quien suspendió una actividad oficial en la región amazónica de Beni (noreste).
«Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta, por eso hoy hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal» en la ciudad de Trinidad, capital de Pando, dijo en rueda de prensa, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Sin entrar en más detalles, pues dijo que los organismos de inteligencia aún procesan la información, señaló que «hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás».
Murillo precisó que la mandataria tenía previsto desplazarse este lunes al departamento del Beni, de donde es oriunda, para celebrar dos actos cívicos: la fundación de la región en 1841 y el aniversario del himno nacional que se cantó el mismo día en 1845.
El ministro añadió que «ha sido muy difícil convencer a la presidenta que no vaya al Beni porque está en peligro su vida».
Áñez, en lugar de realizar el acto en la región amazónica del Beni, lo hizo en la ciudad de La Paz, en la Plaza de Armas, donde los militares prepararon la celebración.
La exsenadora derechista asumió el poder hace menos de una semana después de que el expresidente Evo Morales renunciara y se asilara en México, tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
El gobierno interino denunció en los últimos días que grupos irregulares están operando en el país. Les atribuyó la responsabilidad en los enfrentamientos entre campesinos cocaleros y fuerzas combinadas de policías y militares que dejaron el fin de semana nueve fallecidos en la región de Sacaba (centro).
También aseguró que esos grupos están moviendo a los vecinos en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, para bloquear la distribución de carburantes que escasea en la Sede de Gobierno.
El nuevo ejecutivo anunció que quiere conformar cuanto antes un nuevo Tribunal Supremo Electoral, tras la detención de todas sus autoridades a raíz de un informe de la OEA que encontró irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Luego deben llamar a elecciones generales.
