La justicia federal amparó a Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y Hugo Adolfo Karam Beltrán, contra la orden de arresto que existe en contra de estos tres personajes por los actos de tortura cometidos en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Fue el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien el pasado lunes resolvió sobreseer el juicio de amparo y con ello, proteger a los tres acusados. No obstante, fue este 12 de noviembre, a través de la lista de acuerdos del Poder de la Judicatura Federal cuando se hizo pública la decisión del Segundo Tribunal Unitario.
De acuerdo con los expedientes 15, 16 y 40 del 2019, a principios de octubre de este año, Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam, interpusieron un recurso de revisión luego de que el pasado 12 de junio, la juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México dejara sin efecto la suspensión que les fue concedida el 7 de mayo por otra autoridad federal en Quintana Roo.
Tras la resolución emitida en días pasados, los tres imputados en mención, en este momento no podrían ser detenidos.
Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida por la entonces policía judicial de Puebla en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Por lo anterior, los días 16 y 19 de diciembre del mismo año, José Cacho Ribeiro presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la misma Lydia Cacho, el día 18 de diciembre, presentó dos escritos en los que narró los hechos cometidos en su contra.
El 23 de diciembre de 2005 la juez quinto de lo penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra la escritora, por los delitos de difamación y calumnia, sin embargo, tras el pago de una fianza consiguió su libertad, además de que fue obligada a firmar cada mes.
Sin embargo, el 17 de enero de 2006 Lydia Cacho fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que la periodista el 13 de marzo de 2006 interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Asimismo, el 4 de diciembre de 2018, Alejandro N, agente ministerial que participó en la detención de la periodista, fue capturado en Puebla por agentes de Quintana Roo por el delito de tortura.
