Tres partidos opositores –Radical, por la Democracia y Socialista– exigieron al gobierno de Sebastián Piñera aceptar la realización de un plebiscito constituyente como punto de inicio para construir una salida a la crisis política y social que estremece al país desde hace dos semanas y mantiene trastocada la vida cotidiana, sin atisbo de término.
Las manifestaciones entran a su tercera semana sin asomo de desgaste y arrojan hasta hora un saldo de 23 muertos (cifra reportada por la Fiscalía de Chile), más de mil 574 heridos en hospitales (473 por disparos de perdigones efectuados por la policía, con más de 157 personas con lesiones oculares irremediables), más de 4 mil 326 detenidos y 132 querellas por tortura y violencia sexual, todo ello según datos entregados en sus reportes diarios por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Para mediados de la próxima semana, agrupaciones de camioneros anunciaron que endurecerán sus protestas en las carreteras y autopistas urbanas en demanda de una rebaja en los peajes diferenciados por tramo y hora que les cobran las concesionarias privadas.
Autoridades educativas comienza a plantear que el año escolar en colegios y universidades, paralizado desde el inicio de las protestas, deberá ampliarse hasta mediados de enero e incluso marzo de 2020.
En decenas de comunas (distritos) de las ciudades del país, indistintamente sean pequeñas, medianas o grandes, se comenzaron a realizar centenares de cabildos ciudadanos. Se trata de reuniones abiertas a las cuales concurren los vecinos a plantear su visión de la crisis y cómo se sale de ella, y están teniendo amplia asistencia.
La vida cotidiana en Chile, inmerso en un largo feriado que comenzó el jueves 31, se desarrolla irregularmente, con el transporte público, autobuses y Metro, a medio funcionar, pero no han cesado las manifestaciones.
Tal vez el mejor resumen del estado de cosas, lo hizo el diputado Jaime Mulet, del pequeño partido Federación Regionalista Verde Social, quien pidió elecciones para elegir presidente y nuevos parlamentarios, asegurando que todos deberían presentar la renuncia.
Hemos presentado una propuesta para que nos vayamos todos los diputados y senadores, y hayan elecciones generales tanto de Presidente de la República, como de parlamentarios, incluso sin reelección, dijo a un canal de televisión.
Desde el oficialismo, en señal evidente de desesperación, comienzan a proponerse ideas como que se condonen las deudas generadas a los universitarios por el Crédito con Aval del Estado (CAE), una política de financiamiento de la educación superior aplicada desde mediados de los años 90. Consiste en que la banca financie mediante créditos garantizados por el fisco y con tasas de interés reales de 6 por ciento las carreras universitarias de cientos de miles de estudiantes, un negocio redondo. Hoy se estima que 870 mil jóvenes adeudan el equivalente a 7 mil 500 millones de dólares, 40 por ciento de los créditos están morosos y más de la mitad de éstos ya han sido recomprados por el fisco a los bancos.
El gobierno, por su parte, anunció que desistió de un proyecto tributario que con el supuesto de impulsar inversiones implicaba una rebaja de impuestos por cerca de 800 millones de dólares a los multimillonarios. Abandonar esa iniciativa –defendida con uñas y dientes en los últimos dos años y definida como clave para reactivar la economía– es otra muestra categórica de como el gobierno ha sido impactado por los acontecimientos y cómo está reajustando su agenda en una realidad totalmente convulsa y que no controla.
