Chile enfrenta este jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no cede, en un país donde muchos quieren retornar a la normalidad mientras otros optan por seguir en las calles en busca de un profundo cambio del sistema económico.
Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de las fuerzas del Estado, que desde el sábado están en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que había «decidido enviar una misión de verificación para examinar» la situación en el país.
En el marco de la ola de protestas en contra del presidente Sebastián Piñera en Chile, sus compatriotas en México se manifestaron contra de la represión militar y la violencia.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización este jueves, pero por la mañana muchos acudieron a sus trabajos en el centro de Santiago y el comercio abrió tímidamente sus puertas.
«En la mañana se ve harto movimiento, la gente se está movilizando, pero en la tarde todo se pone difícil y empiezan los gases y perdemos lo bueno que tenemos ahora», dijo Maicol Rojas, peruano de 50 años, que vende comida frente a la sede de gobierno.
Las Fuerzas Armadas de Chile, a cargo de la seguridad de las calles de Santiago, decretaron este jueves el sexto toque de queda nocturno consecutivo para la capital.
«El Jefe de la Defensa Nacional de la región Metropolitana, ha decretado toque de queda desde las 22H00 hrs (01H00 GMT) del día 24 de octubre hasta las 04H00 hrs del día 25 de octubre», manteniendo el horario que la medida tuvo el miércoles, informó el Ejercito en su cuenta de Twitter.
En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó de un plan para terminar con los toques de queda, impuestos por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país», dijo el mandatario en un mensaje a la prensa.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, confirmó por su parte que el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunirá el 16 y 17 de noviembre en Santiago, tal y como estaba previsto.
Custodiadas por el ejército, tres líneas del metro metropolitano funcionan parcialmente. A ellas se suman unos 6.000 autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas del subterráneo.
Algunos supermercados abrieron sus puertas pero solamente hasta las 15H00 locales (19h00 GMT).
En días anteriores hubo intentos similares de retomar la rutina, aunque la tranquilidad se esfumó al caer la noche.
Durante la madrugada los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación seguía tensa, con nuevos saqueos e incendios pese al estado de emergencia y los militares desplegados en las calles.
Las protestas continúan mientras aumentan las denuncias de abuso de los agentes del Estado. Cinco de las 18 muertes ocurridas en el estallido social perecieron a manos de las fuerzas del Estado.
Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabiliza, además, 535 heridos -239 de ellas por armas de fuego- y 2 mil 410 detenidos.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó el jueves que los militares actuaban para proteger los derechos humanos de los chilenos, no para violarlos.
Además de la misión anunciada por Bachelet, el canciller Ribera informó que Piñera había invitado a Chile a la expresidenta y a José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.
El padre de la alta comisionada de la ONU fue detenido y torturado tras oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974, y ella también fue torturada antes de exiliarse.
