La propuesta del diputado de Morena, Manuel López Castillo, de legalizar los llamados autos chocolate en el país tirará las ventas de autos en el país en una tercera parte, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
La noche del viernes, el diputado morenista añadió un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, el cual estipula realizar en un plazo de ocho meses adecuaciones a leyes y ordenamientos para legalizar los autos usados que fueron importados de manera ilegal.
Guillermo Rosales, director adjunto de la AMDA, explicó que con base en experiencia, la aprobación y entrada en vigor de esta iniciativa reducirá en 30 por ciento la venta de autos nuevos en el país, la cual lleva 28 meses consecutivos a la baja.
De esta manera, dijo, a finales de 2021 la colocación de autos nuevos en territorio nacional llegaría a 900 mil unidades, después haber vendido de 1.3 millones que se pronostican para el cierre de este año, lo que afectará en la economía nacional y la generación de empleos.
El directivo señaló que el mercado de autos nuevos dejará una recaudación este año de unos 55 mil millones de pesos sólo por concepto de IVA, por lo que una caída en las ventas iría también en detrimento de la entrada de mayores recursos para la Federación.
Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la asociación, calificó como un «albazo» a la propuesta del diputado de Morena aprobada de última hora y sin consultarse con las cámaras del sector. Subrayó además que esta situación resulta contradictoria a las promesas que han hecho los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Economía, Graciela Márquez, así como el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a la industria automotriz.
«Nos hemos reunido seis veces con Alfonso Romo para comentarle los efectos nocivos en la regularización de autos usados importados. También el secretario de Hacienda y la de Economía nos aseguraron que no habría una situación como esta», refirió en una conferencia en el marco del Foro Automotor AMDA.
Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, opinó que la aprobación de esta medida sería «legalizar lo que es ilegal». «No podemos avalar la ilegalidad a través de cambios legislativos. Sería sentar un precedente que viola la Constitución y genera un incentivo perverso para traer más vehículos usados ilegales al país», refirió.
