Luego de la recomendación que emitió la CNDH por la violación de derechos humanos de tres menores originarias de Honduras en 2018, la delegada en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Alma Delia Cruz Márquez, afirmó que la falta de recursos y de alojamiento en el DIF regional, fueron las causantes de una precaria atención a las menores, dos de ellas, víctimas de abuso sexual en Tapachula.
En la recomendación 79/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Comar y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Estado Chiapas (DIF Chiapas), se señala que las instituciones incurrieron en “violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, protección a la salud y al interés superior de la niñez cometidas en su agravio”.
En un comunicado, la CNDH explicó que luego de huir de su país por la violencia, las menores iniciaron en la Comar su solicitud de refugio el 24 de julio de 2018 y mientras esperaban la resolución de su trámite, rentaron una vivienda en Tapachula, donde dos de las adolescentes fueron víctimas de abuso sexual.
Luego de que una de ellas presentara una denuncia por lo ocurrido ante la Fiscalía para Inmigrantes en Chiapas y se iniciará la carpeta de investigación correspondiente, esta fue trasladada al Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Tapachula, donde más tarde la alcanzarían las otras dos menores.
No obstante, al tener un altercado con personal del recinto, fueron presentadas ante la Fiscalía y posteriormente trasladas a la Estación Migratoria Siglo XXI donde estuvieron hasta el 12 de octubre de 2018 cuando la Comar les entregó el reconocimiento como refugiadas; las tres niñas fueron entregadas al padre de dos de ellas.
Es en este punto del caso, la CNDH señala a la Comar de no salvaguardar la integridad de las adolescentes, pues no fueron trasladadas a un Centro de Asistencia Social o a un albergue para víctimas de violencia sexual, además, asegura que la atención psicológica que recibieron por parte de una trabajadora de la dependencia de la Secretaría de Gobernación no fue la adecuada.
En lo que respecta al DIF Chiapas, Derechos Humanos sostuvo que la Procuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes “no les brindó la atención oportuna, a pesar de que eran víctimas de abuso sexual, por lo que requerían protección y asistencia integral; tampoco garantizó que recibieran atención médica y psicológica adecuadas.
“Dicha Procuraduría entregó a las adolescentes al padre de dos de ellas, a pesar de que con la tercera víctima no había parentesco alguno, sin haber determinado previamente su interés superior, omitiendo dar seguimiento al caso y realizar acciones encaminadas a lograr la reunificación con su familia”, señala.
Mientras, a la Oficial de Protección a la Infancia (OPI) del INM se le acusa de notificar al Consulado General de Honduras en Tapachula la presencia de dos de las víctimas en la Estación Migratoria Siglo XXI, aunque tenía conocimiento de que eran solicitantes de la condición de refugiado.
“También omitió otorgar acompañamiento en una de las comparecencias que rindieron las víctimas ante el INM, y llevar acciones tendentes para que recibieran atención psicológica en su condición de víctimas de abuso sexual, aunque una de ellas dijo desde el 25 de julio que estaba embarazada, hasta el 8 de septiembre le realizaron las pruebas respectivas, confirmando su gravidez y proporcionándole medicamentos”, menciona la CNDH.
Ante esto, la delegada de la Comar en Chiapas, Alma Delia Cruz Márquez, afirmó a Notimex que la mala atención que recibieron las menores, se debe a la falta de recursos económicos y de alojamiento en el DIF regional.
En este sentido, destacó que en la Comar el personal realizó el trabajo que le corresponde, es decir, una vez supo la situación de las tres menores, dio aviso a la Procuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, al INM y a los albergues de la región.
“En este punto no es tan eficiente la operación, en Tapachula sólo hay dos albergues uno de niños y uno de niñas, el primero es estatal y el segundo municipal. Antes de ingresar a los menores, el DIF hace una evaluación médica, psicológica y el albergue tiene que analizar si el niño puede ingresar a este de acuerdo a sus políticas.
“Evidentemente esto toma un número de días, y entonces nuestra facultad es dar el aviso, buscar en la medida de lo posible un alojamiento pero es en coadyuvancia, la facultad en sí misma recae sobre la autoridad responsable del menor que no es la Comar, es del DIF”, comentó.
En la recomendación la CNDH pide al comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yañéz, entre otras cosas, especificar los procedimientos a seguir cuando los menores migrantes son víctimas de un delito, para brindarle así una atención oportuna.
Asimismo, el titular de la Comar, fue solicitado para “localizar a las víctimas y reparar integralmente el daño, incluyendo compensación y atención psicológica, e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas”.
Además, se le solicitó “instruir, que en los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado en los que esté involucrada la niñez migrante, se les canalicen a un Centro de Asistencia Social, y se realicen acciones para garantizar la atención médica y psicológica y notificar de manera inmediata a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con quienes deberán realizar acuerdos para que se determine el interés superior de la niñez”.
Mientras que al DIF “se le solicita localizar a las víctimas, junto con la Comar y elaborar un diagnóstico sobre la situación en la que están, determinar su interés superior y realizar u