Un tribunal federal ordenó detener de nuevo a los siete militares presuntamente implicados en las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, ocurridas el 30 de junio de 2014 en dicho municipio del Estado de México.
El Sexto Tribunal Unitario del Estado de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) regresar a prisión a los siete miembros de la Secretaría de Defensa Nacional que habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas en su contra.
Los siete militares, que en esa época formaban parte del 102 Batallón de Infantería, son Ezequiel Rodríguez, Samuel Torres, Julio César Guerrero, Alan Fuentes, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, todos ellos acusados de ejercicio indebido del servicio público.
Además, Quintero, Acevedo y Hernández afrontan acusaciones por delito de homicidio.
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega ubicada en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las víctimas eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de siete militares.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega el 30 de junio de 2014.
Sin embargo, un juez ordenó en octubre de 2015 liberar a cuatro de los militares implicados tras considerar que la Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la República, no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.
Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
A inicios de agosto pasado, un juez federal ordenó reabrir el caso tras determinar que la PGR no había realizado una investigación “exhaustiva adecuada y efectiva”.
El año 2014 marcó un punto de inflexión en la popularidad de Peña Nieto ante la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la compra irregular de un inmueble conocido como la Casa Blanca.