Al menos 300 policías de investigación son indagados por diversos delitos, entre ellos por corrupción y nexos con el crimen organizado, informó Ernestina Godoy, procuradora General de Justicia de la Ciudad de México.
En el marco de la glosa del Primer Informe de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, Ernestina Godoy dio a conocer que en 2018 la ciudad registró la mayor incidencia delictiva en los últimos 21 años, con 241 mil denuncias presentadas ante la institución que encabeza y se rebasó el récord histórico de 1997, cuando la ciudad vivió una de sus peores crisis de seguridad.
Sin embargo, el trabajo realizado permitió una tendencia a la baja en el número de delitos cometidos en la capital, porque se logró contener la criminalidad en las 338 colonias consideradas como prioritarias, por lo que entre diciembre y agosto hubo una caída del 36% en la incidencia delictiva. «En estas colonias se registran el 70% del total de los delitos denunciados en esta ciudad».
Detalló que las reducciones más importantes se encuentran en las alcaldías de Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Coyocán, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa.
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) logró el número más alto de remisiones ante el Ministerio Público (MP) de personas detenidas en flagrancia en los últimos seis años, 41 mil 285 en el lapso que informó, 461% más en comparación con el mismo periodo inmediato del año anterior y es el mejor resultados de los últimos años.
Por lo que toca a la Policía de Investigación, afirmó que se realizaron cambios funcionales y estructurales para romper viejos paradigmas en los procesos de investigación y que se logre establecer una nueva metodología de investigación basada en procesos de inteligencia.
Comentó que se tienen reportes de que hay efectivos de esa corporación que en muchos años no ha participado en una indagatoria; y anunció que serán sometidos nuevamente a controles de confianza, pues esa prueba se usaba anteriormente como un modo de castigo para los efectivos que se negaban a participar en delitos.
Al abordar otro tema, reportó a los diputados que las 156 abogadas, asignadas a las 79 agencias del MP para apoyar a las mujeres, permitieron iniciar cinco mil 670 carpetas de investigación por violencia familiar.
Opinó que en 2020, cuando entre funciones la nueva fiscalía general local, se dedique a la formación, capacitación y evaluación para quienes quieran ser parte del proceso y subrayó que la «justicia no volverá a ser mano dura del Estado», sino que será una mano justa para abatir la impunidad”.
Finalmente, en entrevista la titular de la PGJ aseguró que aceptará las últimas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en materia de tortura, la cual no se utiliza cotidianamente.
