La Ciudad de México contará con un nuevo modelo de procurar justicia y reducir la impunidad, que estará a servicio de la víctima del delito y dejará de ser una herramienta para marcar la verticalidad del poder y asegurar los intereses de unos cuantos, basado en cinco premisas claves, donde la reducción en el tiempo de atención será fundamental.
Ana Laura Magaloni, quien encabeza la Comisión de Transición de la Procuraduría General a Fiscalía General de Justicia, señaló que con este cambio se busca responder a la demanda de justicia de tantísimas víctimas de crímenes horrendos.
El primer paso es contar con un modelo, cuya implementación llevará cuatro años, pero cuyos cambios se observarán a corto plazo, donde serán cinco los puntos a atender, a fin de lograr una transformación profunda y “no un mero cambio de letrero”.
Ante la procuradora Ernestina Godoy; el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra, el encargado de la unidad de implementación de la transición, Ulises Lara, funcionarios del gobierno capitalino y diputados locales, señaló que un Estado fuerte, es un Estado justo.
Destacó que un Estado que quiere frenar la crisis de inseguridad y no tiene a la mano herramientas de procuración de justicia, sólo puede hacer uso de la coacción, por lo que se apuesta a proveer justicia y explicar cuándo y por qué a de usar la fuerza o no.
El corazón de la tasa de impunidad radica en los métodos de trabajo de las procuradurías, aunque suene increíble, pues existe lo que se denomina “el ritual de los oficios”, práctica que se centra en evaluar si se cumple o no con los requisitos burocráticos, explicó. Así que, el nuevo modelo considera cinco premisas clave: el primero considera acabar con ese ritual de los oficios sobre todo en los delitos socialmente más violentos y crueles, donde se requiere de un cuerpo policíaco de investigación criminal que trabaje con peritos.
Se trata, argumentó, de construir verdaderos rompecabezas delictivos que permitan saber qué pasó y quién puede ser el responsable, con base en las pruebas recabadas en la escena del crimen, entrevistas con testigos, registro de llamadas e imágenes de cámaras. El trabajo del fiscal será transformar la información obtenida duratne la investigación policial y pericial en un caso judicialmente sustentable y ganable, donde el ministerio público es la bisagra que une al mundo de la investigación policial con el mundo judicial.
La segunda prevé acabar con la activación lenta, burocrática e ilógica de la investigación policial en delitos de alto impacto, por lo que se proponen mecanismos específicos de recepción de denuncias y protocolos de investigación. En casos como homicidios, secuestro o violación, por ejemplo, no hay ninguna justificación para exigirle a la víctima que, encima de padecer un agravio de esa magnitud, ella o su familia tengan que acudir a una agencia a presentar una denuncia.
La institución deberá acercarse a la víctima y actuar con la rapidez y profesionalismo que exige la gravedad del delito y el éxito de la investigación, como sucede en cualquier parte del mundo, pues es injustificable y completamente atípico denuncien en una agencia, dijo.Además existirán equipos especializados y sobre todo responsables directos de cada carpeta de investigación iniciada por delitos de alto impacto, donde el desempeño del fiscal responsable será evaluado por la víctima a efecto de incentivos o ascensos.Se acabará asimismo con el abuso policial y los métodos de investigación autoritarios, la siembra de pruebas y las múltiples ilegalidades que históricamente se han cometido en las procuradurías, donde ministerios y policías han sido, en muchos casos, cómplices de esto.
En el nuevo modelo, la investigación será tarea de los agentes y los peritos, y el fiscal tendrá que convencer al juez y a la víctima de que su teoría del caso es jurídicamente sólida, que es persuasiva y convincente.Por ello, tendrá que supervisar que la investigación esté completa y las pruebas hayan sido recabadas lícitamente, sin abusos, ni violaciones a derechos humanos del imputado; y la quinta premisa es acabar con el trato VIP.
De esta manera, no importará quién eres, a quién conoces o cuánto dinero tienes, sino el tipo de delito que hayas sufrido, por lo que casos iguales tendrán una misma respuesta institucional, a fin de combatir seriamente la corrupción interna.La creación de una sola unidad de control interno es fundamental, porque actualmente existen cuatro, donde su titular, después del fiscal general, será la persona más poderosa de la institución, puntualizó.
Los delitos de alto impacto representan el 10 por ciento del total de las carpetas, el 90 por ciento está relacionado con delitos recurrentes, por lo que se impulsará un proceso de segmentación, donde se atenderán los diversos tipos de robo.Así como la violencia familiar, que se ubica en segundo sitio, por lo que habrá una unidad de atención en cada alcaldía y se promoverá un proceso de mediación en el caso de los robos sin violencia; y reducir de cuatro horas a 15 minutos la presentación de una denuncia.
Hoy, puntualizó se enfrentan tres retos: que el proceso político de discusión y aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México recoja este modelo, como mandata la Constitución.El segundo es que se nombre al o el fiscal y el tercero que asumamos los resultados que exigen una implementación sistemática y gradual, pues este proceso nos tomará por lo menos dos años de instrumentación y dos más de consolidación.
