Amnistía Internacional demandó a las autoridades mexicanas investigar a los funcionarios públicos que «obstruyeron» las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa. Sin ello, tampoco habrá justicia, resaltó la organización civil global más grande del orbe en materia de defensa de los derechos humanos.
En víspera de que se cumplan cinco años de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa -que dejaron 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada, seis personas asesinadas y varios lesionados- suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, AI dijo que las acciones emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deben dar resultados a la verdad.
«Las medidas del gobierno mexicano para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzosamente desde hace cinco años, deben traducirse a la brevedad en resultados positivos y replicarse en los otros miles de casos de desaparición en el país».
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, enfatizó que no habrá justicia en este caso hasta que no se investigue «a quienes obstruyeron la búsqueda de la verdad, pues son también responsables de que, al día de hoy, no se haya podido esclarecer el paradero de los estudiantes». En diversos sectores se ha señalado a esos ex funcionarios, siendo el más visible el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio.
“Durante los primeros cuatro años de lucha, AI denunció continuamente el encubrimiento de las autoridades en el caso de Ayotzinapa. Hoy hemos visto esfuerzos del nuevo gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer”, agregó Guevara Rosas.
Indicó que la organización internacional está comprometida, junto con las familias y otras organizaciones, a seguir el monitoreo de este caso emblemático y espera que los compromisos anunciados por el gobierno federal se cumplan hasta llegar a la verdad y hacer justicia.
AI recordó que en los primeros 10 meses de la actual administración federal, se han creado varias instancias para llegar al fondo de aquellos crímenes: la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que México aceptará la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos individuales de desaparición en México.
«En una reciente reunión con los familiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno se comprometieron a pedir a todas las instituciones a que apoyen los trabajos de investigación y a tener reuniones periódicas con las familias y la FGR. Sin embargo, no toda la experiencia bajo el nuevo gobierno ha sido positiva. La investigación no se ha transparentado y las nuevas instancias creadas para el caso no han dado todavía resultados positivos», refirió AI.
Lamentó que en días recientes el poder judicial ha determinado que mucha de la evidencia presentada por la PGR era ilegal y, en consecuencia, se ordenó la liberación de varias personas detenidas involucradas en el caso. «Las autoridades deben enfrentar esta situación asegurando que sólo se usen pruebas legales en los casos y que se respete la independencia de las juezas y jueces».
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de AI México, señaló: “A cinco años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas siguen teniendo una gran deuda con la verdad, justicia y reparación del daño a la que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad”.
