Las 107 testimoniales, entre declaraciones, misivas, inspecciones ministeriales, dictámenes en diversas especialidades, incluso traducciones al español de mensajes obtenidos a través de Black Berry, proporcionadas por Estados Unidos; así como los dictámenes de laboratorio de la Universidad de Innsbruk, Austria, no fueron suficientes para impedir que un juez federal dejara en libertad, el pasado 30 de agosto, a Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil”, señalado como principal orquestador de la desaparición de los 42 normalistas de Ayotzinapa abriendo la puerta para que 65 inculpados más, incluyendo Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los máximos jefes de Guerreros Unidos, puedan alcanzar la libertad.
A punto de cumplirse cinco años de los trágicos hechos, sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, las fallas en la investigación y la tortura contra detenidos ha permitido que 77 personas salgan libres, de las 142 que fueron ligadas a los hechos.
La sentencia del Cabo Gil, elaborada por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, evidenció las pifias de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), al dejar al descubierto que al menos 73 personas fueron detenidas de manera ilegal, al no haber orden de aprensión en su contra sino orden de presentación, por lo que consideró que la Fiscalía cayó en una ilegalidad.
En el expediente 66/2015, al cual El sol de México tuvo acceso, el juez señala que en su mayoría, la puesta a disposición de los detenidos se dio entre 5 y nueve horas después de su detención, lo que constituye una ilegalidad más.
“Como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos, con el que el ministerio publico intentaba sostener su acusación, se excluyeron 81 declaraciones de testigos y alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, ya que ninguno menciona a Gildardo de manera directa en los hechos, por lo que sólo se tomaron en cuenta algunas declaraciones e inspecciones ministeriales, denuncias, copias certificadas de las puestas a disposición, opiniones técnicas, y dictámenes médico-forenses”, señala la sentencia.
El juez consideró, además, que el lugar donde se dio el secuestro de los jóvenes, no estaba despoblado, por lo que no puede considerarse “camino público,” o “lugar desprotegido o solitario” para que se considere como agravante del delito de secuestro”.
Indica, asimismo, que los detenidos por estos hechos fueron sometidos a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el ministerio público no supo dar una explicación satisfactoria, por lo que sus declaraciones fueron excluidas.
Entre las graves faltas del Ministerio Público federal se cuentan la declaración de Gildardo en la que niega el delito de secuestro por obvias razones. Esta declaración fue desechada por el juez al especificar que su declaración no acredita la participación del enjuiciado en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Para ligar a Gildardo con el secuestro de los estudiantes, la Fiscalía General presentó las declaraciones de Pascual Cervantes Jaimes “El pollo”, Miguel Ángel Ríos Sánchez “El Pozol”, David Cruz Hernández, Sidronio Csarrubias Salgado “El Chino”, Raúl Núñez Salgado, Agustín García Reyez “El Chereje” entre otros, pero al final fueron desechadas al considerar que su detención se hizo de manera ilegal, torturados o que en su declaración no inculpaban directamente al Cabo Gil.
Especifica, también, como ilegal que la Fiscalía ordenara la búsqueda, localización y presentación por flagrancia de los detenidos, ya que el régimen de protección a la libertad deambulatoria de las personas no autoriza ese tipo de detenciones.
En el documento además quedaron excluidas las declaraciones de Alejandro Torres Pérez, Brayan Balanzar Medina, Luis Pérez Martínez y Miguel Ángel Espino, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que estuvieron en los hechos, debido a que ninguno de ellos menciona que El Gil haya participado directamente en el secuestro de los normalistas. También se excluye la declaración del licenciado Jorge Santiago Aguirre.
La sentencia emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, pueden servir de base para que Sidronio Casarrubias Salgado, considerado por las autoridades como uno de los máximos jefes de Guerreros Unidos pueda quedar exonerado del delito de delincuencia organizada, por el mismo motivo por el cual cuatro coacusados quedaron libres luego de que un juez determinó que sus confesiones fueron obtenidas a través de tortura.
A finales de agosto, junto con Gildardo, fueron dejados en libertad Joaquín Lagunas Franco, Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura, quienes desde el año pasado interpusieron amparos, los cuales fueron concedidos bajo el argumento de haber sido víctimas de tortura para obligarlos a declararse culpables.
Asimismo, la semana pasada el juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrados en la desaparición de los normalistas.
