Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, aseguró que el encarcelamiento de su representada en el penal de Santa Martha Acatitla, el congelamiento de sus cuentas bancarias, y su reciente inhabilitación del servicio público por 10 años, es parte de una venganza política en contra de la ex titular de la Sedesol, quien está vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por el caso de la «Estafa Maestra».
En entrevista con medios y a pregunta expresa de que si el caso de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se trataba de una revancha por parte de la presente administración federal, el litigante indicó que hay una «confabulación» en la que se busca tener a Robles Berlanga privada de su libertad el mayor tiempo posible.
«No sé si es una revancha, pero es una venganza lo que estamos viendo; es una venganza de carácter político en donde ya hemos visto que se suman actores, que eso es lo preocupante y eso lo que nos da esta idea de confabulación, este efecto corruptor, en donde (hay) una violación tras otra violación concatenadas entre sí con la única intención de mantenerla privada ilegalmente de su libertad, sometida a este encarcelamiento arbitrario y prolongarlo lo más posible», dijo.
Ante la inhabilitación del servicio público de 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacía Rosario Robles por haber mentido en su declaración patrimonial, Hernández Barros calificó como ésta como «ilegal» e «irrisoria», y afirmó que es posible revertirla, por lo que el primer paso será presentar un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Esta resolución no solamente es ilegal, sino además, prácticamente es irrisoria. A ella se le acusa por no haber declarado una cuenta que ella misma manifiesta no tenía conocimiento de su existencia, que desde su creación hace más de 10 años no tuvo ningún movimiento, no tuvo un deposito o un retiro y finalmente el propio banco se quedó con esa cuenta en su cuenta concentradora por no haber movimientos y era una cuenta que tenía dos mil mil 800 pesos», refirió.
Además, Julio Hernández Barros informó que acudió ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) para solicitar copias certificadas, tanto de la licencia de conducir que tramitó Rosario Robles, y la que presentó el Ministerio Público Federal, que acusa de ser falsa, y en la que se basó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, para imponer la prisión preventiva de su representada.
«Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante el gobierno de la Ciudad de México, por ser un documento local, y el que supongo que fue una propia creación del MP días antes de celebrarse la audiencia (porque) como no tenía ninguna prueba que acreditara que (Rosario Robles) se podía sustraer de la justicia y ante el hecho de que ella se presentara pacíficamente y voluntariamente a ambas audiencias, me imagino que la FGR con la idea de mantenerla en esta prisión indebida e ilegal, provocó la creación de este documento con un domicilio distinto para justificar esta situación totalmente anómala, ilegal, inconstitucional y violatoria de sus derechos», dijo.