La crisis forense por los 26 mil restos humanos sin identificar, herencia de la pasada administración federal, pudo ser todavía más dramática pues hasta 2017 hubo legislaciones para impedir a las procuradurías y fiscalías estatales y a la nacional inhumar cuerpos no identificados sin antes practicar la necropsia legal, advirtió Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
Lograr la identificación de restos humanos es tan prioritaria como la búsqueda de personas desaparecidas, pues se trata de garantizar el derecho de las personas a la identidad y a la vez que las familias tengan la certeza de qué pasó con las víctimas, comentó.
“La crisis forense que estamos viviendo no solamente nos ha llevado a que tengamos la cifra que heredamos del gobierno anterior, 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses o en las fosas comunes del país; lo cierto es que esta cifra pudo ser mucho mayor porque hasta 2017 se estableció en la legislación el impedimento de hacer inhumaciones sin necropsia, en donde lamentablemente también hubo incineración de cuerpos antes de que se reformara la ley en 2017”, expuso al hablar ante integrantes de colectivos en donde se agrupan familiares de personas desaparecidas.
Encinas anunció la entrega de 90 millones de pesos al gobierno de Coahuila para invertirlos en un laboratorio de identificación humana; este proyecto, “debe convertirse en referente nacional para que podamos consolidar el desarrollo de una infraestructura que durante muchos años ha sido abandonada”.
Como prueba “del enorme rezago en materia de infraestructura forense”, en el primer día del diagnóstico elaborado en coordinación con el área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República en todo el país, “como si fuera una fotografía teníamos más de 7 mil 800 cuerpos en las planchas o en frigoríficos de los servicios forenses del país, lo cual da cuenta del enorme rezago que tenemos para dar atención digna y oportuna a los cuerpos”.
Dijo que el proyecto de infraestructura en Coahuila y otros estados incluye habilitar panteones forenses, servicios periciales adecuados, centros regionales de identificación humana y que desarrollar recursos humanos que no se queden sólo en el área de criminalística, también en medicina y antropología forense.
“En esta terrible crisis humanitaria no sólo es la desaparición, sino la falta de identificación de los cuerpos que se han encontrado para que podamos garantizar trato digno a los cuerpos, derecho a la identidad, que esas personas puedan regresar con sus familias y que tanto ellos como sus familias puedan tener paz al saber qué pasó con sus familiares”, señaló.
