Por Nidia Marín
“No me cuidan me violan” fue la frase con la cual grupos de mujeres que sumaron casi 7,000 se lanzaron a la calle para protestar por la violencia de género llevada a cabo por policías y los feminicidios imparables en la Ciudad de México y en el país.
Pasaron de heroínas a bellacas en menos que canta un gallo. En unas cuantas horas reclamaron, exigieron, se enojaron y… vandalizaron instalaciones oficiales y monumentos históricos como fue el caso del Ángel de la Independencia, por cierto, símbolo de la capital de la República.
No es la primera vez. Años atrás muchos patanes acostumbraban acudir a “El Ángel” y apagar la lámpara votiva. En esta ocasión una de las cuatro mujeres en bronce, alegorías de la paz, la justicia, la guerra y la ley, resultó afectada por la pintura lanzada por las furiosas féminas. En especial, la que representa la ley, quedó con pintura azul. Esta, en cuya base ahora ya no se ven los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario Fernández de San Salvador y Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y tampoco José Mariano Michelena, Epigmenio González y Antonio Ferrer.
Ni el gran león cubierto de guirnaldas conducido por un niño, que representa, fuerte en la guerra y dócil en la paz, el cual preside el ingreso al mausoleo, se salvó. En un anca quedó marcado, como si fuera con hierro candente, aunque fue un círculo con pintura color de rosa.
Salpicado también quedó el grupo escultórico integrado por las estatuas en mármol de Carrara de nuestros héroes: don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo, así como las dos mujeres que están a los pies de Hidalgo, la patria y la historia que le ofrece un laurel.
Es más, el portón de acceso al mausoleo, con el medallón de bronce representativo de la República Mexicana quedó verde y fucsia.
Se entiende la ira y la desilusión, pero no la destrucción de un monumento que es de todos los mexicanos.
Y señalamos la ira, porque México tiene uno de los primeros lugares en el mundo y el primero en América Latina en cuanto a asesinatos de mujeres y pareciera que hoy se ha presentado un retroceso en cuanto a la aplicación de la ley que m al que bien venía ocurriendo desde 2011 cuando fue definida la violencia de género, con el caso posteriormente en 2015 de Mariana Lima Buendía que sentó jurisprudencia, ya que a partir del mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todo homicidio violento de una mujer debe investigarse con perspectiva de género.
Si bien se detuvo al ex policía que la mató, éste continúa bajo proceso y, hoy, otra vez son casos de policías que presuntamente agredieron a una joven los que causan no solamente las marchas, sino el lamentable vandalismo posterior, que vino a empañar una protesta válida.
Sí, porque como escribió la apreciada Patricia Olamendi hace siete años:
“Aunque hemos avanzado en la legislación mexicana, todavía estamos muy lejos de que la ley se convierta en práctica cotidiana en agencias del ministerio público y juzgados, a ello hay que sumar la resistencia en legislaturas estatales para que todas las expresiones de violencia sean sancionadas. Al igual que los obstáculos para aplicar la ley cuando si son delitos, de parte de las autoridades es común escuchar: “es que no puede investigarse ese delito” o “no queda claro el tipo penal” o resulta “muy complicado”, “¿y los derechos del hombre?”. Todo esto ha venido generando un clima de impunidad que se alimenta día con día de prejuicios, costumbres y misoginia, contra ello tenemos que luchar las mujeres mexicanas a pesar de tantos cambios jurídicos y sociales”.
Desgraciadamente hoy no sólo seguimos igual, sino que estamos peor.
Ella también dijo:
“Estoy convencida que el feminicidio puede evitarse, lo he dicho una y otra vez y eso será posible cuando escuchemos a las mujeres violentadas, cuando las autoridades entiendan que una correcta actuación puede salvar la vida, cuando la sociedad rechace tajantemente la violencia absurda contra las niñas y las mujeres y cuando hagamos de la defensa de los derechos humanos una política de Estado”.
