El instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de Datos Personales (INAI), demandó al gobierno federal sancionar a todos los actores involucrados en el caso de La Estafa Maestra, pues criticó que la cifra negra de la impunidad en casos de corrupción es de 99 %.
“En el caso de la llamada Estafa Maestra, que está justo en la opinión pública y ya se empieza a dar un hilo que hay que sacarlo, porque en este caso están involucrados 11 dependencias del Gobierno Federal, poco más de 10 universidades y cerca de 168 empresas y se tienen que sancionar a todos”, consideró el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez.
En este sentido, Salas Suárez detalló que, de cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados y sólo uno tiene algún tipo de consecuencia.
Al calificar la corrupción como estructural al sistema político mexicano, también denunció casos que siguen impunes como el de Odebrecht, Altos Hornos y la Casa Blanca, mismos que ponen de manifiesto actos irregulares en las administraciones pasadas.
En el auditorio “Octavio Paz” del Senado de la República, al participar en el panel “Información gubernamental ¿pública?: Diferencias entre Transparencia y Fiscalización”, el comisionado del INAI también denunció que, en un periodo de 2007 a 2018, se perdonaron créditos por 400 mil 902 millones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes por concepto de condonación fiscal.
En este sentido, Joel Salas afirmó que sin la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia no se habría revelado el mecanismo y la red que se desarrolló en la Estafa Maestra, lo cual también, dijo, permitió que las autoridades actuaran.
Al participar en el Foro organizado por México Correcto, el comisionado del INAI consideró que el reto es acabar con la opacidad y recuperar la confianza ciudadana, y la transparencia es el vehículo fundamental para lograrlo.
“Hoy la información es poder, en la práctica la población está ejerciendo el derecho de acceso a la información y a partir de que tenemos una Ley de Transparencia se ha convertido en un vehículo que permite a los periodistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los investigadores y a la población en general, contar con los elementos para inferir actos de corrupción”.
