El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que hasta el momento se han logrado bloquear 94 millones de pesos de personas físicas y morales vinculadas a tres casos de trata de personas en la Ciudad de México y el estado de Quintana Roo.
Al participar en una conferencia de prensa junto con la organización «Unidos contra la Trata», explicó que derivado de las investigaciones se presentaron denuncias contra 22 personas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Destacó que además existen otras 12 pesquisas en marcha que pronto podrían arrojar resultados, lo que marca el inicio de una política pública de la mano con organizaciones de la sociedad civil, para detonar más casos de éxito de bloqueos y el cumplimento de órdenes de aprensión en contra de los tratantes.
Particularmente el día de ayer hicimos un corte de ya tres denuncias, que han tenido un impacto en 22 personas denunciadas ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 30 personas han sido bloqueadas físicas y morales relacionadas con la operación de Trata, y hemos podido mantener hasta este momento 94 millones de pesos bloqueados, para efecto de que ese dinero no regrese al sistema financiero y no se continúe utilizando para violar la dignidad de las personas y los derechos fundamentales», precisó.
Por su parte, Rosy Orozco, presidenta de «Unidos contra la Trata», dio a conocer que en sólo el 47 por ciento del país se aplica la Ley General contra la Trata, por corrupción, impunidad o desconocimiento.
Resaltó que de acuerdo con los datos más recientes, el 59.4 por ciento de las víctimas de este delito son menores de edad, y de estos casos, el 83.3 por ciento son sometidos a la modalidad de explotación sexual.
Lamentó que aunque la legislación contempla la figura de reparación del daño, sólo en el 82 por ciento de las sentencias se toma en cuenta y únicamente en el 28 por ciento de los casos, el juez fijó un monto, que va de los 700 pesos a los cinco mil pesos en promedio, una cifra que no es suficiente para que las víctimas puedan tener un proyecto de vida digna.
A la mayoría no se le repara el daño, es lo más grave de todo, porque sólo a un 28 por ciento le fijan un monto, y la cantidad oscila entre 700 pesos, hemos visto hasta 200 y el máximo de 30 mil pesos», manifestó.
