Caso Lozoya, prueba de que el gobierno combate impunidad: SFP

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que las denuncias e inhabilitación contra Emilio Lozoya Austin, ex director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), más que un triunfo, representa “una prueba inequívoca” de que el gobierno federal está combatiendo la impunidad.

Al encabezar la ceremonia de presentación de la plataforma “Ciudadanos Alertadores contra la Corrupción”, la secretaria aseguró que en el gobierno federal no hay cabida para el silencio de la corrupción y sí a la construcción de una cultura de la denuncia que proteja a aquellos que decidan denunciar actos de corrupción y de acoso sexual realizado por servidores públicos.

Ante el cuestionamiento de que si el caso de Emilio Lozoya Austin- contra quien pesa una orden de aprehensión internacional por presuntos actos de corrupción, así como la inhabilitación en el servicio público por 10 años- representa un triunfo para el gobierno federal, la secretaria comentó: “Más que un triunfo es una prueba inequívoca de que estamos combatiendo la impunidad”. Informó que del 1 de diciembre de 2018, fecha del inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado alrededor de 18 mil denuncias por presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos.

“En esta administración no hay lugar para el privilegio, ni al silencio para la corrupción. Estamos decididos a proteger las denuncias contra la impunidad, a los alertadores, quienes tendrán el acompañamiento de esta secretaría para que no se exponga ni su integridad, ni la de sus familias”, señaló.

“Frecuentemente se comparan a los alertadores con ‘soplones’, nada más alejado de la realidad. En la SFP queremos fomentar la denuncia y lo haremos con tres ejes básicos: confidencialidad, acompañamiento y proactividad de la denuncia”, agregó.

Aseguró que con las denuncias que se presenten en la nueva plataforma, “nos permitirán construir una cultura de denuncia que vaya encaminada a la legalidad, ofrecer garantías a los ‘héroes ciudadanos’ y de servidores públicos que se atrevan alzar la voz”.