El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que pronto se convertirá en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro), se propone vender bienes, casas, activos financieros y hasta empresas que hayan sido asegurados en procesos, sin tener que esperar a que un Ministerio Público declare su estatus jurídico.
Ricardo Rodríguez Vargas, director general del SAE, confirmó a El Sol de México que esta misma semana se espera la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nuevos lineamientos para agilizar la enajenación de los bienes que le transfieran al SAE.
Estos cambios normativos que están en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se alinean con el objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de destinar los recursos que se obtengan por la venta de los bienes asegurados a obras de impacto en comunidades marginadas.
De manera paralela, en el periodo extraordinario en Diputados se discute este jueves la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este proyecto busca hacer más eficiente y unificar los procesos para que el Estado pueda decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito.
Además incluirá en el catálogo de delitos sujetos al decomiso de bienes los actos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolífero y petroquímicos (huachicoleo).
Ricardo Rodríguez Vargas, director general del organismo, explicó vía correo electrónico el objetivo del Acuerdo por el que dan a conocer las reformas a las Políticas , Bases y Lineamiento para la venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que realice el SAE.
“El propósito es tener un mejor control de los procesos del SAE, homologarlos, hacerlos más eficientes y eficaces, evitar procesos lentos, largos y complejos, armonizar el documento con las disposiciones y normatividad vigentes y eliminar espacios para la discrecionalidad y con ello monetizar de forma ágil los bienes encomendados”, indicó.
De acuerdo con el documento, con esta reforma se eliminarán normas que entorpecen la monetización de los bienes enajenados por la Administración Pública, sobre todo en aquellos que provienen de procedimientos penales y en los activos financieros, es decir, derechos contenidos en títulos de crédito, instrumentos de deuda y cualquier otro documento que consigne derechos de cobro o cualquier otro que sea enajenable.
Rodríguez Vargas subrayó que la normatividad actual no se encuentra alineada para monetizar de forma oportuna los bienes en propiedad del gobierno.
La reforma también modifica las penalizaciones a los compradores que incumplan con sus obligaciones de pago, estableciendo un costo de hasta 10 por ciento del valor de la venta como garantía de cumplimiento en las subastas electrónicas, monto que no estaba establecido.
