Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
En su afán por generar condiciones que le permitieran a Juan Ayala Rivero hacer valer una toma de nota patito y mantenerse en la dirigencia del sindicato de los trabajadores de base del gobierno de la ciudad, sus seguidores no repararon que en el congreso del 10 de julio se aprobó un artículo transitorio que creó, “por única vez”, la figura de un comité ejecutivo general interino.
En efecto, mientras los seguidores de Ayala Rivero -47 delegados de un total de 120, evidente minoría- se desgañitaban con la intención de reventar el congreso, la mayoría de los delegados -integrada por 73-, votaron en favor de la incorporación de un artículo transitorio en el que se estableció que el comité general electo fungiría del 11 de julio de 2019 hasta el 11 de julio de 2020,
Superaron así el candado que la elección de la dirigencia debe realizarse cada cuatro años, como lo establece el artículo 34 del estatuto del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Todo en medio de la escandalera que encabezó César Piña Rodríguez -con micrófono en mano-, secretario de finanzas en las dos gestiones de Ayala Rivero y secretario general de la sección 4.
Una vez aprobado ese artículo, la mayoría de los 73 delegados eligieron al comité ejecutivo general con Héctor Castelán Morena, como presidente, quien deberá impulsar una reforma estatutaria para adecuarlo a lo que establece la reforma laboral -con todo y que violenta derechos consagrados por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo-.
Es decir, la elección de Castelán Moreno está sustentada legalmente.
Los simpatizantes de Ayala Rivero no repararon tampoco que la mayoría de los delegados votaron por desconocer la toma de nota patito para que se mantuviera al frente del SUTGCDMX hasta 2023.
Pese a esos acuerdos, el ex dirigente insiste en que el único presidente legítimo sindical es él, con el argumento que los estatutos no contemplan la figura de presidente interino.
Suponiendo sin conceder que no se hubiese aprobado la inclusión de un artículo transitorio que introdujo esa figura, pretende ignorar que la elección es cada cuatro años, se hace mediante plantillas e incluye no la presidencia, sino también al comité ejecutivo general, además que sus delegados no eran mayoría.
En su caso, su toma de nota obtenida con artimañas en 2017, está viciada de nulidad -tan es así que el Frente de la Coalición Democrática de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, que encabeza Heladio de la Rosa, sigue un juicio que ya pasó a resolución-, al no observar lo que establece el artículo 34 de los estatutos.
Por si lo anterior no fuese suficiente, el congreso es la máxima autoridad del Sindicato, por lo que tiene no sólo capacidad para reformar el estatuto y desconocer una toma de nota como la que Ayala Rivero pretende hacer valer. ¿Cómo opera entonces la destitución de dirigentes, por ejemplo?
La desesperación por seguir en el poder, lo que provocó Ayala Rivero fue una profunda división al interior del SUTGCDMX, lo que aunado al desaseo con el que Jorge Luis Basaldúa Ramos, subsecretario de Capital Humano del Gobierno de la ciudad manejó el proceso, generó condiciones que el ex dirigente quiere aprovechar.
Basaldúa Ramos mostró que la posición que ocupa le queda demasiado grande. Su torpeza al creer en la palabra de Ayala Rivero estuvo a punto de generarle un problema innecesario al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, como si los que tiene -inseguridad, el más importante- no fueran suficientes…
PARA AGENDA
El director médico del ISSSTE, Ramiro López Elizalde, seguramente debe analizar con toda seriedad su renuncia, una vez que se conocieran públicamente sus negocios con su paisano el ex superdelegado de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, sobre quien pesan siete denuncias en la Secretaría de la Función Pública por conflicto de interés. López Elizalde, un prominente militante de Morena, estaba seguro que sería director general del instituto, por lo que no ha digerido que el nombramiento recayera en Luis Antonio Ramírez Pineda. Según esto, el director médico del ISSSTE es socio de la firma “Instituto Internacional de Practicas de Microcirugía y Edoscopía”, con nexos con “Corporativo Internacional Vigilando tu Salud” del grupo empresarial del ex superdelegado, quien habría hecho negocios, no del todo lícitos, con instituciones públicas, vendiéndoles medicamentos con sobreprecio. En una administración en la que la principal divisa es la lucha contra la corrupción, un funcionario de primer nivel como lo es el director del ISSSTE, debiera retirarse de su encargo para evitar no sólo suspicacias, sino dañar la gestión de gobierno. A ello hay que sumarle que López Elizalde destaca por ser un funcionario soberbio, torpe en su manejo con los trabajadores… Por otra parte, hay que estar pendientes de las posiciones de choque que ha sumido el subdirector de personal del ISSSTE, Javier Huerta Jurado, quien abrió un innecesario conflicto con el SNTISSSTE, al haber decidido de manera unilateral convocar para la recepción de documentos para la entrega de becas de hijos de trabajadores de base se realice en las oficinas de recursos humanos que les correspondan, lo que llevó al sindicato a solicitar la intervención de la Secretaria de la Función Pública. Un nuevo frente que muestra las incapacidades en gobierno emproblemado cada vez más, sobre todo porque están en juego intereses de niños en edad escolar…
