A tres años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sólo uno de cada 10 pesos de los montos determinados como producto de operaciones irregulares, son recuperados por actividades derivadas de corrupción, niveles que no corresponden al tamaño de los desvíos financieros, critica el C5 Anticorrupción, en su primer análisis.
La iniciativa del Tecnológico de Monterrey y Transparencia Mexicana, apunta que actualmente sólo cuatro de los 11 gobernadores acusados de corrupción cumplen con una sentencia condenatoria, mientras que uno puede verla reducida por la mitad.
Sólo los exgobernadores Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Roberto Borge, de Quintana Roo; Eugenio Hernández, de Tamaulipas; y Javier Duarte, de Veracruz cumplen estas sentencias, al tiempo que el último podría verla reducida por la mitad. Mientras que los restantes, enfrentan procesos en libertad, han sido absueltos o se encuentran prófugos.
Apunta que desde su entrada en vigor, en 2016, el SNA no ha podido establecer los mínimos necesarios para su funcionamiento en todo el territorio nacional; aunque detalla que de 33 sistemas anticorrupción, 39 operan de forma integral con las reformas legales y el total de instancias que conforman al Comité Coordinador integradas.
Dentro de estos mínimos, el C5 Anticorrupción denunció que no se tiene una plataforma nacional que integre las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, así como que continúan las resistencias de los poderes públicos por adoptarla.
La Plataforma Nacional Digital del SNA, no proporciona información definitiva y actualizada para los fines que fue creada, en donde ninguno de sus seis módulos proporciona información definitiva y actualizada para los fines que fue creada, la cual debería contener: Declaraciones, Servidores Públicos en Contrataciones Públicas, Servidores Públicos y Particulares Sancionados, Fiscalización, Denuncias y Contrataciones.
Asimismo denunció que los sistemas anticorrupción del país no han aprovechado la existencia de tecnologías de la información para el seguimiento a los recursos públicos, lo que complica que el dinero sea totalmente rastreando.
«Muchas transacciones de gobierno, principalmente a nivel estatal y municipal, en particular en la dispersión de nómina y pagos a proveedores, siguen involucrando el uso de efectivo», señala el C5 Anticorrupción.
Indicó que fue hasta 2019, que se inició una coordinación sistemática con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción a nivel federal.
En este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que a través del SAT, se haga uso de tecnologías de información para enfrentar el problema de la facturación falsa y de empresas fantasma.
«Los estados, en general, carecen de capacidades de fiscalización y de Unidades de Inteligencia Financiera y los que han abierto estas unidades no tienen mecanismos de gobernanza apropiadas para los mismos», añade en su análisis.
Subrayó que será necesario verificar que el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República (FGR) integre estrategias anticorrupción pertinentes y acordes a la Política Nacional Anticorrupción para abatir los niveles de impunidad.
«Sigue pendiente la discusión y aprobación de Leyes para la Protección de Denunciantes y la incorporación de la figura de delación premiada», detalla.
Igualmente, acusó que no existe un mecanismo de coordinación efectivo para armonizar las diversas políticas anticorrupción en el país, ya que la Política Nacional Anticorrupción (PNA), no ha sido aprobada por el Comité Coordinador y no guarda conexión significativa con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su vertiente de anticorrupción del nuevo gobierno , lo cual menciona son esfuerzos fragmentados.
Por su parte, denunciaron que no existe una Política Nacional de Contratación Pública y la plataforma Compranet no tiene equivalentes en las 32 entidades federativas del país, así como que existen más de 110 formas diferentes de contratación en el país, lo que abre espacios a la discrecionalidad y reduce espacios a la certeza de los procedimientos de las compras gubernamentales.
Además, apuntó que se usa de forma preponderante la contratación mediante adjudicación directa, lo que supera el 70 por ciento del total de las operaciones, contraviniendo al marco constitucional que establece que prioritariamente se contratará mediante licitación pública.
