El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, se pronunció porque las empresas mineras que sean recurrentes en casos de afectaciones al medio ambiente o de inseguridad para los trabajadores, sean sancionadas incluso con la suspensión o cancelación de sus concesiones.
Tras reunirse con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en Palacio Nacional, el también presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República indicó que temas como el registrado la semana pasada en Guaymas, Sonora – donde una mina de Grupo México que derramó tóxicos en el mar de Cortés – preocupan porque son recurrentes.
Tras indicar que “la ambición y la avaricia” no pueden hacer a un lado la responsabilidad de las empresas, indicó que si éstas no están invirtiendo en evitar los accidentes, deben ser sancionadas.
Durante la reunión con Alfonso Romo, señaló, le recordó que está pendiente que el Ejecutivo devuelva al Senado la ratificación del convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la seguridad, salud e higiene en las minas, lo cual, permitirá emitir una nueva ley en la materia que sancione incluso con la cancelación de la concesión a las empresas que incumplan en este tema.
“Será una ley que obligará a las empresas, incluso internacionalmente, a cumplir en todas las medidas de seguridad e higiene o si no que se atengan a las sanciones que les impongan, incluso el riesgo de cancelar una concesión”, agregó.
Recalcó que hay varias empresas que han sido recurrentes en daños al medio ambientes y accidentes, entre ellas nombró a Grupo México y Grupo Peñoles. Al cuestionarles si considera que dichas empresas deben tener sanciones como una suspensión de su concesión, indicó que “después de las investigaciones que determinen las autoridades, ellos determinen si puede ser así o no, pero en mi opinión, yo diría, claro que sí”.
Ante el efecto de sustancias químicas que pueden producir una “muerte lenta”, llamó a los trabajadores mineros a que detengan operaciones ya que “es mejor perder su trabajo que perder la vida, y cuando vean que no hace caso reportarlo de inmediato”, pero aclaró que no los dejarían de defender en casos de este tipo.
Sostuvo que en Cananea, por ejemplo, se han detectado más de 800 casos de cáncer avanzado detectados por expertos debido a sustancias cancerígenas y químicos producto de derrames.
