El abogado Juan Collado solicitó un amparo para evitar el aseguramiento del inmueble sede de la empresa Libertad Servicios Financieros en Querétaro, sin embargo, su demanda no ha sido admitida.
La juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió cinco días al jurista para que aclare el acto que reclama.
En su demanda, Collado intentó impugnar cualquier orden, mandato o instrucción girada para asegurar el inmueble.
En su denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el bloqueo de cuentas y aseguramiento de todos los activos de Collado, así como de José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Todos ellos fueron identificados por la UIF como probables responsables de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De todos, únicamente el abogado Juan Collado ha sido aprehendido y el pasado 10 de julio, un juez de control en el Reclusorio Norte decidió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva de oficio por dichos delitos.
Contra esta decisión, el abogado presentó un recurso de apelación y también tramitó un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que le fue ejecutada la semana pasada.