La presidenta de la concentración de vendedores ambulantes “Asociación Legítima Cívica Comercial”, Alejandra Barrios Richard, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a defender a ese sector y reglamentar el comercio popular para el bienestar de sus familias.
En un acto celebrado en el Jardín del Arte, frente al Monumento a la Madre, la lideresa de los comerciantes destacó que lo anterior es indispensable, toda vez que el comercio popular representa casi 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera aproximadamente 150 mil fuentes de empleo.
“López Obrador dijo que respetaría los derechos humanos y nosotros somos un sector al que debe proteger. Debe ayudarnos y reglamentar el comercio popular para el bienestar de las familias mexicanas de la Ciudad de México y de todo el territorio nacional”, arengó ante los asistentes.
Destacó que el mundo vive la época de los derechos, “ya que hablar y exigir derechos se ha vuelto una realidad en diferentes sectores de la población”, sin embargo, también prevalece una actitud de represión que limita a quienes han encontrado en el comercio ambulante una forma de sobrevivir.
Por esa razón, Diana Sánchez Barrios presentó este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Medellín, Colombia, cinco acciones a considerar para conocer la realidad del comercio popular en el espacio público de la región de Latinoamérica.
Aseveró que, como gremio, el comercio ambulante ha llevado una batalla constante para establecer el respeto a ejercer el derecho al comercio en vía pública, desde los tribunales y hasta en el ámbito legislativo.
Esa lucha fue lo que permitió que en la década de los 50 la Ciudad de México fuera dotada un Reglamento para las actividades comerciales, “mismo que daba origen a la regulación del libre ejercicio del comercio en vía pública”.
A pesar de ello, este derecho conquistado hace tiempo sigue siendo pisoteado por los intereses personales de gobernantes, sin importar que esta actividad sea la única fuente de subsistencia que tienen muchas familias.
Ello se debe a la falta de una regulación, lo que constituye una violación a los derechos ya señalados en la Constitución de la Ciudad de México y que reconoce el derecho a ejercer esta actividad.
La dirigente llamó a los asistentes a continuar luchando y apoyar a quienes trabajan en esta demanda desde el Congreso, para consolidar una ley de comercio popular “que reconozca y proteja al 100 por ciento esta actividad como un derecho humano”.