Por Miguel Tirado Rasso
El amago del Presidente Donald Trump de imponer un arancel progresivo a todas las exportaciones mexicanas hacia territorio norteamericano, nos preocupó a nivel de alarma. Ciertamente se trataba de una amenaza que golpearía la economía de nuestro país severamente, justo cuando, según la óptica de las Agencias Calificadoras internacionales, la política económico-financiera en México navega con cierta incertidumbre, por lo que, mientras se daban las negociaciones sobre el problema migratorio y así para evitar la aplicación arbitraria del arancel, Fitch Ratings rebajaba la deuda soberana de nuestro país de BBB+ a BBB, a tan sólo dos escalones de perder el grado de inversión y, otra de las calificadoras, Moody’s nos asignaba una perspectiva negativa.
Grave situación que ameritaba impedir el cumplimiento de la amenaza trumpiana a la brevedad, lo que se logró, aunque a un costo no menor que, quizás por las prisas y el temor a las consecuencias de semejante medida, no permitió una estrategia meditada para alcanzar mejores acuerdos y compromisos con cargo al gobierno estadounidense. A fin de cuentas, se trata de una acción coordinada para tratar de resolver un problema (el de los migrantes) no originado por ninguna de las dos naciones, pero que los afecta por igual y que, en todo caso, la responsabilidad de su atención, debe ser compartida.
En este contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la unidad nacional, oportuno y muy necesario, para enfrentar juntos el amago arancelario a los productos mexicanos. Un par de semanas después de la convocatoria presidencial, el Jefe del Ejecutivo tendría una reunión con la cúpula empresarial agrupada en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para suscribir un acuerdo de inversión.
Buena señal de entendimiento y cordialidad en la relación gobierno-empresarios, muy conveniente, porque importa dejar asentado que, entre estos dos sectores, puede haber diferencias pero no enfrentamiento. El país requiere de la participación de todos, y cavar zanjas entre estos sectores no ayuda. La retórica de descalificaciones y adjetivos mañaneros no ha permitido un buen ambiente de colaboración y, si bien, institucionales, el empresariado ha sido cauto en cuanto a nuevas inversiones y esto ha perjudicado el crecimiento del país.
La realidad se impone a las buenas intenciones y mejores propósitos. Los otros datos, a que tanto se hace alusión, carecen de sustento y sólo sirven de retórica política que siembra más dudas en un tema especializado y técnico que es analizado internamente y calificado más allá de nuestras fronteras, aunque esto no nos parezca. Cosas de una globalización de la que no tenemos escape y que han dado lugar a que nuestro país pierda atractivo ante la inversión extranjera, bajando un peldaño en la lista de países con mayor destino de inversión extranjera directa, al pasar del lugar 12 al 13, de un total de 20 naciones.
La reunión con los empresarios fue productiva. Los del dinero se comprometieron a invertir 32 mil millones de dólares para este 2019 en cuatro campos de la economía: el energético, infraestructura de transporte, inversión social y desarrollo del sur-sureste del país. Cuatro condiciones plantearon para cumplir el acuerdo, orientadas a mejorar el ambiente de confianza y certeza para sus inversiones. En primer lugar, eliminar el discurso de confrontación y el tono anti empresarial del gobierno; fortalecer el estado de derecho; mantener la estabilidad macroeconómica, y el compromiso de resolver los obstáculos de ejecución, que impiden la realización exitosa de proyectos de inversión, con estricto apego al marco jurídico. Por su parte, el Presidente ofreció darles facilidades para sus inversiones.
Pero, en un estilo que está caracterizando a esta 4T, y que no ayudan a la confianza y certeza de los compromisos, casi de inmediato surgieron señales contrarias a lo acordado con el primer mandatario. El mismo día del acuerdo con los empresarios, la Comisión Nacional de Hidrocarburos cancelaba las licitaciones para asignar a Pemex socios privados para la explotación y exploración de campos petroleros, lo que permitiría a la petrolera compartir riesgos y gastos de inversión.
Criterios encontrados que ya no son novedad, porque está claro que hay dos corrientes irreconciliables en el seno de la 4T. Unas semanas antes, el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, responsable, por cierto, de la buena relación con el empresariado mexicano, en un foro bancario había reconocido las limitaciones de Pemex, su rezago y la necesidad de la inversión privada. Verdadera música para los oídos empresariales. Pero, resulta que hay quienes no coinciden con este criterio. Los titulares de la secretaría de Energía y de Pemex, consideran que no necesitan aletas para nadar y que solos pueden levantar a la empresa, por lo que habrían decidido cancelar la búsqueda de socios para la paraestatal, dando un portazo a la participación privada, al menos, en materia petrolera.
Malas noticias para Alfonso Romo que, una vez más, queda mal ante los empresarios, pues, como en el caso del aeropuerto de Texcoco, el jefe de la oficina de la Presidencia, no parece estar en la misma frecuencia de la 4T.
Junio 20 de 2019
