Con la cancelación del programa de estancias infantiles, el gobierno federal vulnera las garantías fundamentales de las niñas y niños beneficiarios del mismo y de sus padres, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Subrayó que este programa ha demostrado resultados positivos para el desarrollo integral de los menores, dando como resultado una garantía institucional para la realización de sus derechos; además que ha beneficiado a los padres y madres de los menores, en particular a ellas, pues gracias a éste incrementaron en 18 por ciento la probabilidad de encontrar empleo.
El organismo nacional emitió la Recomendación 29/2019 referente a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras», decretada por la administración de Andrés Manuel López Obrador y la reducción presupuestal en 50 por ciento para el programa de estancias infantiles, además que en lugar de que se asignen directamente los recursos a las estancias, se les entregarán a los padres de familia para que ellos elijan si enviar a sus hijos a esos espacios o tengan otra forma de cuidado. Se trata de la primera recomendación de la CNDH por acciones implementadas durante la actual administración federal.
Luego de sus investigaciones, la CNDH acreditó que la Secretaría de Bienestar «no fundó ni motivó, con base en los derechos de las niñas y los niños y su interés superior, la decisión de la modalidad de transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios del programa de Apoyo al Bienestar, sin explicar de qué manera ese cambio contribuirá a una mejor protección de los derechos de la población menor de edad».
Tras el anuncio de los cambios en el programa, la CNDH recibió entre el 7 de febrero y el 29 de abril, 204 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de 5 mil 340 personas (2 mil 49 madres y padres de familia, mil 662 menores de edad, mil 310 responsables de estancias, entre otros).
Al presentar el documento, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, aseveró que las medidas tomadas por el gobierno federal en este sentido son «regresivas» ya que violentan las normas nacionales y los tratados internacionales de protección a la niñez.
La CNDH llamó la atención frente a la disminución en 50.16 por ciento en el presupuesto para el Programa de Estancias Infantiles al pasar de 4 mil 70 millones de pesos en 2018, a 2 mil 41 para 2019.
«De las evidencias con que contó este organismo nacional, no se desprende fundamentación y motivación alguna que justificara esa disminución presupuestal, por el contrario, la decisión fue opuesta a la tendencia de incremento presupuestal que el programa había registrado desde su creación».
Para la CNDH las autoridades federales omitieron valorar el interés superior de las niñas y niños beneficiarios de ese programa y los beneficios que el mismo ha dejado a lo largo de su implementación.
«La disminución presupuestaria constituye una medida de carácter regresivo tanto en lo normativo como en sus resultados, que trastoca la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños, madres y padres y responsables y trabajadoras de estancias infantiles, toda vez que limitó injustificadamente el monto de los beneficios otorgados durante el ejercicio fiscal 2018, y disminuyó el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del entonces Programa de Estancias Infantiles».
Eslava indicó que el cambio en el nombre al de Programa de Apoyo al Bienestar, no sólo se trata de un cambio de denominación, sino que contiene disposiciones sustancialmente distintas al de estancias infantiles, «por lo que constituye uno de nueva creación que no está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación».
Agregó que la CNDH recibió los resultados de un censo realizado por beneficiarios y responsables de las estancias infantiles a través de medios electrónicos, cuyos resultados advirtieron que al menos 6 mil 620 menores de edad que eran beneficiarios del programa de estancias infantiles no fueron cansados por la Secretaría de Bienestar para recibir apoyo del nuevo programa.
Señaló además que las nuevas formas de operación transgreden los derechos económicos, sociales y culturales al contravenir el principio de progresividad de los derechos humanos de los niños, sus padres, responsables y trabajadores de las estancias, «toda vez que se limitó injustificadamente el monto de los beneficios que se venían otorgando con el programa».
En el caso de los niños y niñas se vulnera el interés superior de la niñez; el derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo; el derecho a la prioridad; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; el derecho a la educación ya la participación.
A los padres se les vulneran sus derechos a la igualdad y no discriminación, a la protección de la organización y desarrollo de las familias, al trabajo de padres solos y madres trabajadoras, entre otros.
También se encontraron violaciones a los derechos de los empleados de esos espacios, como el derecho al trabajo, a la igualdad y al «empoderamiento» económico.
POr ello, la CNDH recomendó a la Secretaría de Bienestar realizar acciones inmediatas que garanticen los derechos de los menores de edad a una vida digna, a la supervivencia y el es arrolló, de prioridad, bienestar y a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y esparcimiento.
Establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; llevar a cabo acciones que permitan el pago retroactivo de subsidios a las estancias infantiles conforme al Patrón de estancias Infantiles vigente al 28 de febrero de 2019, entre otros.
También se realizan recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.
El primer visitador general remarcó que está decisión del gobierno de López Obrador vulnera varios de los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Y alertó que en 2020, México rendirá su sexto informe ante el Comité de los Derechos del Niño, «con el riesgo de que las medidas regresivas sobre el Programa de Estancias Infantiles deriven en un eventual señalamiento por parte de ese organismo internacional».
