La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y organización ilegal de caravanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la UIF realizó esta acción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del gobierno de México.
El bloqueo de esas cuentas derivó de la metodología desarrollada por la UIF, al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, en específico caravanas de migrantes hacia México desde octubre de 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en el país.
De la información obtenida por la UIF, se identificó a un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos considerados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), refirió.
La dependencia señaló que con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que hay entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Por lo anterior, apuntó, la UIF instruyó la inclusión de 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanasmigrantes.
En ese sentido, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), precisó la SHCP en un comunicado.
Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas.
Lo anterior, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes considerados en las legislaciones internacionales en la materia, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad y el máximo reconocimiento de su dignidad, finalizó.
