Por Miguel Tirado Rasso
Difícilmente habría alguien que estuviera en contra de la aplicación de medidas para corregir y acabar con abusos, despilfarros, desvíos o corrupción en el manejo de los dineros públicos. Recursos estos, siempre insuficientes, frente a las necesidades que la población del país demanda en materia de seguridad, salud, educación, asistencia social, vivienda, alimentación, entre muchos otros temas que le toca al gobierno atender. Lograr su mejor uso y más eficiente, resulta un objetivo prioritario.
Y, aunque el propósito es impecable, habría que matizar sobre los tiempos, formas y medios aplicables, ante el riesgo de que la buena intención se quede en eso y no se pueda lograr el objetivo buscado. O más grave aún, que el remedio resulte peor que la enfermedad. Y algo de esto está sucediendo con el manejo que Hacienda está haciendo del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados.
La semana pasada, el director del IMSS, Germán Martínez, renunció a su cargo, tras menos de seis meses de haberlo desempeñado. En una extensa carta de renuncia, el ahora ex director haría delicados señalamientos en contra de las autoridades hacendarias acusándolas de ejercer una “injerencia perniciosa”, al imponer recortes y despidos que ponen en riesgo los servicios a los derechohabientes. Imposición y nulo diálogo; afectaciones en la operación por un control excesivo del gasto y la retención de recursos del programa IMSS Bienestar por mil cien millones de pesos, fueron algunos de los argumentos en los que sustentó las razones para separarse del cargo.
Y si esta baja en el gabinete ampliado no significó mayor conmoción para la 4T, y al Presidente no parece haberle sorprendido esta renuncia. Lamento su decisión, habría expresado, pero “afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo”, sin embargo, habría que reconocer que, a partir de este hecho, pareciera haberse destapado la caja de Pandora, o, por lo menos, les habría dado agallas a varios personajes del sector salud para hacer pública la gravedad por la que atraviesan los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales y Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Psiquiátricos y Centros de Atención a las Adicciones, ante la retención de más de 2 mil 500 millones de pesos. Directores de instituciones, investigadores y líderes sindicales del sector, denunciaron recortes al presupuesto, despidos y suspensión de prestaciones, lo que, dicen, ha puesto en riesgo la atención hospitalaria.
La austeridad republicana se aplica a raja tabla, pero en un sector sensible como lo es el de salud, supondríamos que cabría algo de consideración, pero no. A pesar de lo ordenado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, que establece que ” toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, difícilmente se puede cumplir con presupuestos que históricamente nunca han sido suficientes. Menos ahora con una política de recortes y congelación de recursos y un preocupante desabasto en medicinas y material médico que coloca a los servicios de salud en situación de crisis.
Contra lo que se dice oficialmente, la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) afirma que, en este sector, suman ya 10 mil despidos, entre médicos y enfermeras. Esto ha originado una importante reducción en los servicios prestados, como en el caso del Hospital Infantil de México, “Federico Gómez”, en donde se han reducido en un 50 por ciento las cirugías realizadas o el del Instituto Nacional de Cancerología, al que la retención de recursos ha puesto en riesgo la atención a 3,500 mujeres que padecen cáncer. El reclamo llegó hasta la Cámara de Diputados para solicitar su intermediación ante las autoridades de Hacienda, para que liberen entreguen los recursos.
Y bueno, después de varios días de reclamos, el fin de semana pasado, la Secretaría de Hacienda descongeló parte de los recursos retenidos a hospitales e institutos nacionales de salud. Un respiro momentáneo porque persiste la amenaza del recorte del 20 por ciento parejo en la estructura de los institutos, ordenada por esa dependencia para aplicarse el 31 de este mes. Otra medida de austeridad que necesariamente afectará la operación de estas instituciones en perjuicio de la población más vulnerable.
El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pide tiempo para corregir las deficiencias en el sistema de salud, pero tiempo es, precisamente, de lo que carecen los enfermos que acuden a los servicios de salud. No vaya a ser que, en la espera por la mejora en los servicios, fallezcan los pacientes y, entonces, ya para qué.
Mayo 30 de 2019
