Tras la cancelación de la Reforma Educativa de 2013, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscará la reparación inmediata de las consecuencias de la mencionada reforma, un planteamiento que harán cuando se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con El Sol de México, el abogado constitucionalista de la CNTE, Julio César Velázquez, señaló que una vez que el dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucional se publicó el pasado 15 de mayo, el gobierno federal tiene el deber de solucionar todas las consecuencias que trajo consigo la reforma de 2013 y entre los que se incluye la reinstalación de profesores que se negaron a su implementación, el termino de órdenes de aprehensión contra docentes y la atención a todas las incidencias administrativas registradas por el movimiento magisterial.
Hoy el presidente López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE se reunirán por primera vez desde que inició el debate por la derogación de la reforma educativa. Según pactó la CNTE en la Asamblea Nacional Representativa del 15 de mayo, en el encuentro se hará entrega por escrito de estas exigencias.
En un desglose de datos, el litigante explicó que las incidencias administrativas se refieren a problemas de esta índole que dejó la aplicación de la reforma por ejemplo, maestros que habían sido ascendidos antes de 2013 y a quienes no se les respetó su nombramiento una vez que arrancó la reforma, o aquellos otros que sufrieron de retención de salario.
Aseguró que la CNTE contabiliza miles de incidencias administrativas por estado y que al menos en Oaxaca se tiene el registro de seis mil trabajadores de la educación afectados.
En cuanto a los profesores cesados por negarse a implementar la reforma, dijo que el movimiento magisterial tiene registrado al menos 600 casos a nivel nacional de maestros.
De las órdenes de aprensión, explicó que desde 2013 poderes judiciales tanto a nivel estatal como federal arrancaron investigaciones en contra de docentes por delitos prefabricados, por ejemplo, robo y atentados contra vías de comunicación.
El litigante aseguró que la CNTE pide que se cierren todas y cada una de ellas, sin embargo señaló que no cuentan con un número preciso de las carpetas de investigación en contra de los trabajadores de la educación, pues muchas de ellas se iniciaron sin dar a conocer la información a la CNTE. Concluyó que solucionar éstas consecuencias de la reforma educativa “es una exigencia mínima, justa y necesaria, que debería ser una consecuencia natural de la cancelación de la reforma educativa.
